El juez Ronald Guerrero, quien dictó auto de sobreseimiento para Dalo Bucaram Pulley y su esposa, Gabriela Pazmiño, en el caso de delincuencia organizada el jueves, es el mismo que en septiembre pasado recibió amenazas de varios extranjeros.
Guerrero es parte del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el proceso penal de la Fiscalía. Esto desde que tres hombres con acento colombiano lo intimidaran supuestamente para que revocara la medida cautelar que pesaba entonces sobre Jacobo Bucaram, es decir, la de prisión preventiva que lo tuvo recluido en la cárcel de Latacunga. Actualmente está en su casa con arresto domiciliario.
A los hermanos Bucaram Pulley se los empezó a investigar hace casi un año en Guayaquil por la supuesta venta irregular de medicamentos a hospitales públicos. En el caso también están procesados los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, además de varios funcionarios y empresarios. En ese caso se procesa a 17 personas en total.
El abogado Francisco Onofa, quien defiende a Dalo y Gabriela, indicó que tras el anuncio del jueves se suspendió la diligencia que se realizó en el segundo piso de la Corte Provincial de Justicia y que la audiencia se retomaría el lunes 17 de mayo, a las 09:00, para los otros procesados.
Fiscalía apelará
El fiscal Eduardo Díaz, quien lleva el caso, indicó que apelarían la decisión del juzgador, pues considera que se presentaron las pruebas suficientes contra los sobreseídos.
La Fiscalía presentó 42 mil fojas en 242 cuerpos. Son 17 cajas con convenios, contratos y más.
En diciembre pasado, la fiscal Claudia Romero decidió emitir un dictamen abstentivo para Gabriela Pazmiño y su cuñado Michel Bucaram, porque no tenía pruebas suficientes en su contra, pero la fiscal provincial revocó el dictamen y cambió de fiscal.
En enero, la fiscal provincial remitió a la sala de sorteos del Guayas la copia certificada del proceso para el inicio de una investigación contra Gabriela Pazmiño y Michel Bucaram, además de al menos cuatro personas más, por presunto enriquecimiento privado no justificado, dijo entonces. Sin embargo, en el sistema judicial no consta una investigación por este delito para los implicados. (El Universo)
