Por disposición judicial, la Policía destruyó las evidencias que respaldaban el juicio por enriquecimiento ilícito, génesis del actual caso 'Blanqueo Fito' que la Fiscalía inició esta semana por lavado de activos en contra de familiares del cabecilla de Los Choneros.

Desde documentos societarios, talonarios de facturas, teléfonos celulares, laptops, CPU de computadoras, escrituras de bienes y hasta la copia del matrimonio de Inda Mariela Peñarrieta y Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fueron quemados como parte de la disposición de la jueza Zoila Véliz, titular de la Unidad Judicial Penal de Manta.

Mediante un oficio con fecha 12 de febrero de 2025, la jueza ordenó la “destrucción de las evidencias constantes en el parte policial” del caso. Esto, luego de que la Policía le solicitara el 27 de enero que disponga “el destino final de las evidencias ingresadas mediante cadena de custodia” en los centros de acopio de la institución.

En su escrito, la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico de la Policía Nacional (Undecof) argumentó su pedido en el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que señala un tiempo de tres meses para que la Fiscalía resuelva el destino de las evidencias “que no sean de interés pericial”.

De considerarse que los indicios se trataban de interés pericial, la Fiscalía tenía el plazo de un año para pronunciarse, previos informes justificativos. 

“La solicitud se hizo con el objetivo de coordinar y gestionar ante los operadores de justicia las diferentes diligencias a fin de obtener el destino final o su destrucción”.

El COIP establece que el destino de las evidencias únicamente puede ser resuelto por un fiscal o un juez. En este caso, la solicitud no se dirigió a la Fiscalía sino a la jueza, según consta en el informe que el jefe de la Undecof, Álvaro Proaño, le envió a la magistrada Zoila Véliz.

La diligencia de destrucción de las evidencias se cumplió la tarde del 19 de marzo de 2025 en las instalaciones de la Undecof y en presencia de cuatro policías, entre investigadores, peritos avaluadores de bienes y custodios.

Las evidencias

En un pequeño contenedor de metal redondo, con el diámetro similar a un tanque de agua doméstico, una a una se fueron quemando las pruebas recogidas durante los siete allanamientos realizados en este caso de enriquecimiento ilícito iniciado en julio de 2020.

Allanamiento 1, en Pichincha-Quevedo: Un CPU metálico negro en buen estado de funcionamiento.

Allanamiento 2: Talonario de pago con varios textos impresos y manuscritos. Copia de escrituras públicas, certificado de Registro de la Propiedad a nombre de Inda Mariela. Título académico de Adolfo Macías Villamar, copia de registro de matrimonio de Inda Mariela y Adolfo Macías. Un DVR negro con cargador.

Allanamiento 3, en sitio El Tigre, del cantón Pichincha, hacienda La Pinta: Un cuaderno con textos manuscritos, agenda azul, agenda color beige con manuscritos, teléfono iPhone 11 dorado, teléfono Samsung azul, teléfono Samsung rojo, teléfono Samsung dorado, una laptop plateada con cargador, un iPhone blanco.

Allanamiento 4 en calle Algarrobos y Los Almendros, en el cantón Manta: Carpetas negra y roja, carpetas con contratos de arrendamiento, recibos de empresa eléctrica. Un CPU negro, un disco duro negro, cinco libretines de facturas, documentos del RUC del SRI, matrículas de vehículos estados de cuentas bancarias, contratos de cesión de derechos, informes contables de compañías.

Allanamiento 5, en calle Los Albarrobos y Salvador Torres, en Manta: Documentos que hacen referencia a escrituras, carpetas con información sobre cancelación de hipotecas, escritos con datos de aseguradoras, documentos de compraventa de vehículos.

Allanamiento 6, en la calle J19 y calle 291, en Manta: Teléfono marca Huawei color negro, carpeta blanca con escrituras de adjudicación de tierras, compraventas.

Allanamiento 7, en calles Algarrobos y Salvador Torres, en Manta: Compraventas de predios, carta de venta de un arma de fuego, documentos de notarías, un DVR color negro.

Enriquecimiento ilícito

Estas evidencias formaban parte de la investigación por enriquecimiento ilícito de 2020 en la que fueron vinculados la esposa de ‘Fito’, el padre de este cabecilla, actualmente prófugo, además de su hermano y dos de sus cuñados. También se investigó a la empresa Queen Water S.A. y a la Compañía de Transporte y Carga Pesada Jomavi S.A.

Momentos del operativo en el que fueron detenidos los familiares de José Adolfo Macías, en el caso Blanqueo Fito, el 2 de junio de 2025.Fiscalía de Ecuador

La Fiscalía sostuvo en su indagación que Inda Mariela presentó ingresos en relación de dependencia, remitida por el IESS, por un monto de USD 116.711 en el período 2013-2019. Sin embargo, en el mismo periodo, en el sistema financiero reportó ingresos por USD 2,1 millones, y ante el SRI presentó ingresos por USD 1,7 millones.

El patrimonio que habría acumulado, según la Fiscalía, alcanzaba en ese periodo USD 4,8 millones y comprendía al menos siete propiedades, entre lotes de terrenos, haciendas y bienes inmuebles. Además de media docena de vehículos y acciones en las empresas Queen Water y Jomavi.

Uno de los hermanos de Inda Mariela, señaló la Fiscalía, también había acumulado propiedades que no se justificaban con sus ganancias como taxista, y tenía además cinco vehículos a su nombre, mientras que el padre de alias ‘Fito’ registraba a su nombre un terreno en Manta valorado en USD 230.168.

Otras inconsistencias argumentó la Fiscalía basándose en informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). No obstante, la justicia declaró la inocencia de los procesados en diciembre de 2020.

El juez de Manta Juan Zapata dispuso la absolución de los cinco investigados y de las compañías al considerar que “la Fiscalía no ha podido recabar y presentar elementos de convicción necesarios y suficientes para presumir la existencia de un delito ni tampoco la participación de los procesados, por lo que el estado de inocencia ha permanecido incólume”.

La Fiscalía apeló, pero agotados los recursos judiciales, los procesados fueron sobreseídos y en el último año han presentado escritos ante el juzgado penal de Manta para que toda la investigación sea ocultada de los archivos públicos de la Función Judicial.

En un escrito, Inda Mariela pidió, a través de su cuñado, el abogado Ronald M., también procesado en este caso, que “se disponga el ocultamiento de este proceso en la página general de consulta de causas de la función judicial, a efectos de que mi pasado judicial no repercuta de manera negativa en mi desenvolvimiento personal, laboral ni familiar”.

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