El Pleno de la Asamblea, con 129 votos afirmativos, censuró al exministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos López, una vez que los interpelantes Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza, demostraran el incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la Ley, en el ejercicio de su cargo. Se registró, además, una abstención.
Juan Carlos Zevallos fue juzgado en ausencia puesto que, pese a que fuera legalmente notificado por la Secretaría General, no remitió excusa, ni documentación por escrito. Tampoco se presentó por algún medio virtual.
Con la censura, de acuerdo a la resolución, se remitirá el expediente a Fiscalía General para que inicie las acciones penales que correspondan o se incluya en los procesos que se siguen en contra del doctor Zevallos. Así mismo, se notificará a la Contraloría del Estado para que se realicen las auditorías a las que haya lugar, como también al Ministerio de Trabajo para que se registre la prohibición de ejercer un cargo público por los próximos dos años.
Argumentos de los interpelantes
Ángel Sinmaleza fue el primer interpelante en intervenir. En su exposición aseguró que la Asamblea tiene la gran responsabilidad de sancionar política y moralmente a un ministro que, en lugar de servir al país, se sirvió de la función pública, al indicar que las causales del juicio político han sido probadas hasta la saciedad, por lo que se configura el incumplimiento de funciones por parte del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.
Se refirió a las acusaciones, sobre todo en lo que atañe a las acciones u omisiones frente a la entrega fraudulenta de más de 3000 carnés de discapacidad, muchos de los cuales fueron autorizados en plena pandemia, cuando se había suspendido este proceso. Se le requirió información a la Asamblea, pero el entonces Ministro de Salud, no la entregó.
También, por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del covid-19, por el cual se debían otorgar los nombramientos a los profesionales y trabajadores de la salud que tenían contrato de trabajo en primera línea, hasta diciembre de 2020; sin embargo, hasta la fecha apenas se han concretado 6000 nominaciones permanentes. “Se burló de la ley”, añadió.
Debemos pedir disculpas al pueblo ecuatoriano por habernos demorado en plantear este juicio político, pero peor sería dejar en la impunidad la actuación indolente de un exfuncionario, que no entendió su rol en el manejo de la salud pública, que es un derecho y no un privilegio, subrayó Pabel Muñoz.
Este juicio político va en nombre de los ecuatorianos y ecuatorianas que perdieron la vida, pero no del número que constan en las estadísticas, sino más de 50 mil muertes en que se registraron en el contexto de la pandemia por covid-19, pues Ecuador ocupa el segundo lugar en el número de muertes en exceso, solo superado por Perú. A esto se suma que extraviaron cuerpos de personas fallecidas, inclusive, se entregaron cenizas de otras personas a los familiares de las víctimas de este virus.
Muñoz reiteró que el manejo de la pandemia por el Gobierno fue indolente, “bajo un dogma de austeridad, que devino en un austericidio”, por el número de muertes que podían ser evitadas en el marco de la emergencia sanitaria, pero primó una visión de desprecio por lo público y de la salud como un privilegio.
Insistió en que el exministro Zevallos no condujo de manera coherente y equitativa el proceso de vacunación contra el covid-19, lo cual hizo que Ecuador no haya alcanzado el mínimo esperado de inmunización de la población pero, eso sí, generando un sistema de vacunación basado en privilegios para los amigos del régimen.
Debate
En el debate intervinieron 12 asambleístas, quienes coincidieron en que dentro del proceso contra el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, se determina que hubo incumplimiento de funciones, porque en su gestión demostró negligencia e indolencia, lo cual le ha puesto a Ecuador entre los primeros países con exceso de muertes durante la pandemia.
Dijeron, también, que no solo se le debería sancionar políticamente, sino enjuiciar penalmente y habría que suspender su licencia para el ejercicio de la medicina porque en plena pandemia enrostró la desidia, la negligencia y la indolencia frente a la crisis sanitaria. Añadieron que, a través de este juicio político se hará justicia con las víctimas del virus, así como de las ciudadanas y ciudadanos a quienes se les negó el derecho a la salud.
Entre otros comentarios, subrayaron que en este año de pandemia, el Estado tenía la obligación de garantizar la atención, la protección y la prevención de la salud del pueblo, de conformidad con el mandato constitucional. Sin embargo, el Gobierno no atendió, no protegió, ni previno los efectos de la crisis sanitaria.
La ausencia del exfuncionario fue calificada como un acto de cobardía, puesto que a más de la negligencia manifiesta en su gestión, se negó a dar la cara al país. Otro criterio giró en torno a la falta de sensibilidad del exministro respecto de los profesionales de la salud, muchos de los cuales, en lugar de ser atendidos en sus requerimientos, como equipos de bioseguridad, insumos y demás, fueron desvinculados de sus puestos, sin consideración alguna.
Así mismo, se describió como una experiencia sin precedentes para la Asamblea el haber escuchado testimonios desgarradores de los familiares de víctimas del covid que perdieron la batalla, cuyos cuerpos fueron extraviados por las entidades encargadas de su custodia y que, hasta ahora, no se les da ninguna respuesta. (Asamblea Nacional)
