Aunque la primera imagen es la de una 'aplanadora' a su favor, durante el nuevo mandato que iniciará el 24 de mayo, al presidente Daniel Noboa le tocará gobernar con una Asamblea que se moverá más que por posturas políticas, por coyunturas.

Por ahora, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ha logrado que a sus 68 legisladores se unan entre 10 y 12 asambleístas para captar la mesa directiva, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y las comisiones más destacadas de la Asamblea.

Pero, tras la distribución del Legislativo, se abren otros espacios que requerirán nuevas negociaciones como el de la fiscalización y legislación con el tratamiento de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

La primera prueba será la aprobación de la Ley para hacer frente a las economías criminales, enviada por Noboa como económica urgente, y edulcorada por la bancada de ADN con el nombre de 'ley de solidaridad nacional'.

La propuesta ha recibido críticas y ha sido calificada como inconstitucional, sobre todo en lo referente a las reformas en materia penal, donde se habla hasta de posibles violaciones a los derechos humanos.

Un aspecto que resulta sensible para organizaciones políticas como Pachakutik, en la que seis de sus nueve integrantes han venido votando con el gobierno y habrá que ver si se mantienen en esa línea.

Para Roger Celi, director del Observatorio Legislativo, temas como este permitirán ver si, lo que se presenta como una mayoría consolidada con la facción de Pachakuitk, algunos independientes y, por momentos, con el Partido Social Cristiano (PSC), en realidad es una coalición frágil. O, no. "No tanto porque esos 19 asambleístas, que se pueden catalogar como móviles, se van a ir a la oposición de la Revolución Ciudadana, sino porque pueden generar al Gobierno más trabajo a la hora de generar gobernabilidad"

Otros temas que, en el mediano plazo pondrán a prueba la solidez de la mayoría gobiernista será la reforma parcial a los Artículos 110 y 115 de la Constitución, relacionados con el financiamiento estatal a los partidos políticos y la promoción electoral.

Más cerca aún está el segundo debate de la reforma al artículo 5 de la Constitución, que quita el candado constitucional para permitir la presencia de bases militares extrajeras en Ecuador planteado por Noboa.

El documento quedó aprobado en el anterior periodo legislativo y, según los tiempos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, podría ser debatido por el Pleno la semana entrante.

Una fiscalización limitada

Ferdinan Álvarez y Nataly Morillo, los dos de ADN, están al frente de la Comisión de Fiscalización desde el 16 de mayo de 2025.API.

En el tema fiscalización habrá, al menos, por dos años una aparente ventaja para el Gobierno. La mayoría de comisiones legislativas están bajo su control y los ministros y funcionarios jugarán con cancha a su favor cuando sean llamados.

Aunque con competencias limitadas, la Comisión de Fiscalización, encargada de procesar los juicios políticos, tiene una mayoría de integrantes de ADN, con Ferdinan Álvarez a la cabeza.

Y aún si lograra superar ese filtro, para poder censurar y destituir a un ministro de Estado se requerirá de mayoría calificada, es decir, 101 votos que la oposición política, encabezada por el correísmo, difícilmente conseguirá. 

Ese permitiría también enjuiciar políticamente al presidente de la República, previo dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, declarándolo incapacitado físico o mentalmente para gobernar o por abandono del cargo.

Menos complejo podría ser procesar a otros funcionarios que no son parte del Ejecutivo. Así por ejemplo, para destituir al fiscal del Estado, contralor, procurador o vocales del Consejo de Participación se necesitan 77 votos.

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