Mediante resolución adoptada con el voto unánime de 10 asambleístas, la Comisión de Educación, que preside Jimmy Candell Soto, alertó al ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, que con su pronunciamiento de la supuesta inviabilidad de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural por falta de presupuesto, incurriría en incumplimiento de funciones, lo cual abriría la puerta para que en el próximo período legislativo se pueda presentar una solicitud de juicio político.
El ministro Pozo debió acudir hoy al organismo legislativo para explicar el alcance de sus declaraciones en el sentido que la recategorización de los maestros demanda un monto aproximado de 3 000 millones de dólares, hecho que incidiría en la inconstitucionalidad de la norma, que está en vigencia desde el 20 de abril, tras su publicación en el Registro Oficial, dispuesta por el Ejecutivo.
La ausencia del funcionario provocó reacciones enérgicas de los asambleístas y de los representantes de gremios de maestros, a nivel nacional.
Jimmy Candell subrayó que, luego del júbilo y las celebraciones de los actores de la educación, por haber alcanzado una ley que hace justicia con sus derechos, con la sanción del Ejecutivo, sin observación alguna, se encontraron con un reportaje periodístico con declaraciones del Ministro de Finanzas, que considera la Ley inconstitucional. “Cómo es posible que un ministro de Estado, contrario al criterio del Presidente de la República, que puso el ejecútese a la Ley, ahora se permita decir que la norma es inviable”, enfatizó.
Consideró que la actitud del ministro Pozo es condenable y desestabilizadora, porque durante el trámite de las reformas a la Ley de Educación, la mesa contó con los informes técnicos, tanto del Ministerio de Educación, cuanto del Ministerio de Finanzas, a partir de los cuales se estableció que el impacto económico de esta ley no sobrepasaba los 600 millones de dólares, que bien podían ser financiados con la devolución de los 900 millones de dólares que se recortaron al presupuesto para educación.
Al respecto opinaron, también, los miembros del organismo Jeannine Cruz, vicepresidenta; Silvia Salgado; Amapola Naranjo; Marcelo Simbaña; Teresa Benavides; Dallyana Passailaige; y Rafael Quijije, quienes rechazaron la inasistencia del ministro Mauricio Pozo y coincidieron en que no le corresponde calificar la pertinencia, viabilidad o constitucionalidad de una norma, sino ubicar los recursos de acuerdo con lo previsto en el ley y respetar los tiempos establecidos en las disposiciones transitorias.
Recordaron que la aprobación de esta reforma fue producto de un proceso participativo con la comunidad educativa, autoridades, expertos, nacionales e internacionales, con el propósito de generar una normativa que haga justicia con los maestros y maestras del país, por lo que el criterio expresado en medios de comunicación por el Ministro de Finanzas demuestra la poca importancia que da a un sector estratégico para el país, como es la educación.
Igualmente, los representantes de varios gremios de maestros y maestras, entre otros, de la Red de Maestros por la Revolución Educativa; de la Unión Nacional de Educadores (UNE); y de la Federación Nacional de Educadores Populares, demandaron a que el Gobierno Nacional haga realidad la reforma a la Ley de Educación, que trabaje en la emisión del Reglamento y se dé paso a la recategorización de los maestros, lo cual constituye una reparación a sus derechos, que han sido permanentemente vulnerados.
Los maestros y maestras se declararon en vigilia, hasta que el Gobierno cumpla con lo dispuesto en la Ley. No descartaron la posibilidad de convocar a una gran movilización nacional, en caso de que las autoridades no presten oído a sus demandas.
