Con 119 votos a favor y solamente 3 abstenciones se aprobó la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno que planteaba un sistema más efectivo para que universidades y Gobiernos Autónomos Descentralizados reciban el impuesto al valor agregado (IVA) que les corresponde.
Esta mañana y tarde se realizó el segundo debate de la propuesta normativa que contó con el apoyo de la mayor parte de las bancadas de la Asamblea.
La propuesta, presentada por el asambleísta Henry Kronfle (PSC) y que fue expuesta por Franco Romero (IND), como presidente de la Comisión de Régimen Económico, planteaba que el IVA que ya es retenido por universidades y GAD, no tenga que ser entregado al Servicio de Rentas Internas (SRI), como ha funcionado hasta ahora. Sino que estos organismos que en cada compra que hacen retienen el impuesto, se lo queden y más bien emitan registros de lo recaudado al SRI. Se trata de una suerte de retención directa del IVA.
En un comunicado difundido en redes sociales, el bloque del PSC dijo que esos dineros facilitarán la prestación de servicios y la ejecución de obras públicas para todos los ciudadanos. “Es un ejemplo de que se puede votar coincidiendo en la búsqueda de la prosperidad, por encima de los partidos y las ideologías. Seremos recíprocos con igual finalidad”, dijeron.
Durante el debate, el asambleísta Jimmy Candell (Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente) pidió que se incluyera como parte de los beneficiarios del tema a los institutos de educación superior. Sin embargo, Romero dijo que no era posible, ya que estos institutos no tienen la facultad de retención de los impuestos.
Antes, César Rohón (PSC) había argumentado que no era eficiente que ese dinero retenido se dé vueltas para ir primero al SRI y que luego se lo devuelva. Destacó la importancia de que esos recursos ya no vayan a la Cuenta Única del Tesoro, sino que se queden en su lugar de origen.
Para Jaime Olivo, asambleísta de Pachakutik, la reforma ayudará a fortalecer la administración de los GAD.
Vicente Almeyda, por su parte, dijo que el sistema actual es ilógico y que este ha provocado un ir y venir sin sentido de los recursos, que incluso ha generado una deuda de $ 1.050 millones del fisco a los GAD.
Sin embargo, Gabriela Larreátegui, asambleísta de SUMA y experta en temas tributarios, quien se abstuvo en la votación, explicó que no está de acuerdo, pues la modificación de una ley de este tipo debió pasar por una reforma al Código Tributario y no solo a la ley.
Es que de acuerdo a su criterio, esta reforma altera varios conceptos tributarios. Se convierte a los GAD y universidades en recaudadores de impuestos, cuando antes solo los retenían. Adicionalmente, prevé que a futuro generará desorden en las cuentas. Aclaró que nunca ha habido una devolución del IVA por parte del SRI, sino que el Ministerio de Finanzas a través de los informes del SRI debía entregar esos dineros. Reconoció que el problema es que no se habían cumplido con esos pagos.
Para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, esta reforma, en definitiva, equivaldría a que los municipios no paguen el IVA. Con esta medida se obligará al Estado a tener cuentas más en orden.
