A 24 días de que concluya el actual periodo de la Asamblea Nacional, el pleno aprobó con 115 votos afirmativos la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. El Parlamento instaló este 20 de abril, el pleno 699 en el que dio paso a esta normativa que estaba pendiente de su aprobación desde la vigencia de la Constitución del 2008.

La disposición transitoria primera de la Carta Política dio un plazo máximo de 120 días, contados desde la vigencia de la Constitución, para aprobar varias leyes, entre ellas, “la ley que regule la Defensoría Pública”. Ese plazo culminaba entre febrero y marzo del 2009.

Así, tras doce años de espera, se sometió a votación en el pleno del Legislativo y tuvo los votos afirmativos de 115 legisladores, siete abstenciones, cero negativos y cero blancos, por esta ley que fue tramitada en la Comisión de Justicia.

El presidente de este cuerpo colegiado, César Litardo, calificó como “un hecho histórico” esta decisión, pues era una “deuda histórica”. Acotó además, que de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19, se aprobaron 25 leyes.

El articulado busca normar y regular los procesos de la Defensoría Pública, en esencia, para dar acompañamiento legal gratuito a las personas sin recursos económicos.

Además, se plantea la implementación de la Escuela Defensorial con programas de capacitación en materia de derechos humanos, interculturalidad, migración, violencia contra la mujer y niños.

Antes de su aprobación, el titular de la Defensoría Pública, Ángel Torres Machuca, fue recibido en comisión general y resaltó el debate de este articulado, que a su criterio, permitirá regular la prestación gratuita de los servicios de patrocinio y asesoría jurídica, y también impulsará la formación continua a los defensores públicos con la implementación de esta denominada Escuela Defensorial.

“Esta es la mejor versión posible del proyecto de ley”, expresó Torres, quien lamentó que en la actualidad no existen directrices claras para la gestión de los defensores; pero además, reclamó por las presiones a los que estarían sometidos por algunos jueces.

“Resulta urgente contar con los instrumentos que permitan regular el alcance de nuestros servicios. Y evitar que algunos jueces nos quieran obligar a patrocinar materias patrimoniales o similares, e incluso, a defender empresas privadas que muy bien pueden costear su patrocinio legal”, enfatizó.

Acotó que en adelante se establecerán reglas claras sobre en “qué materias atendemos y a qué grupos de personas servimos, para que los servicios lleguen a quienes realmente lo necesitan”.

Este cuerpo legal será remitido a la Presidencia de la República para que ratifique lo aprobado o lo objete. (El Universo)