Debido a que se considera que en un CD enviado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para el proceso que investiga el delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres, existirían datos de importancia relacionados con los hechos investigados, la Fiscalía pide al juez de la causa, Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia, autorice el reconocimiento, apertura, explotación, análisis, extracción, transcripción y materialización de información contenida en el dispositivo.

La información es parte de la asistencia penal internacional entregada a la Fiscalía General de Ecuador por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El pedido para desmaterializar la información contenida en el dispositivo es parte del primer impulso en el caso que se investiga una estructura delictiva que operaba en la Contraloría General del Estado, Petroecuador y la secretaría general de la Presidencia de la República.

Junto con el contralor Celi también son procesados su hermano Esteban Celi; el exsecretrario general de la Presidencia José Agusto Briones, su hermano Luis Agusto Briones; Natalia Cárdenas, exasesora del exgerente de Petroecuador Pablo Flores; Silvia L., Ángelo R., Andrés L. y Elsie Cueva, de 68 años.

De Estados Unidos llega información relacionada con el caso Las Torres, porque en ese país fueron sentenciados los ecuatorianos Raúl de la Torre, familiar del contralor Celi y exfuncionario de Petroecuador, y el empresario inmobiliario Roberto Barrera. Ambos aceptaron en ese país haber intermediado en el pago de sobornos en una red de corrupción en Petroecuador.

Raúl de la Torre y Roberto Barrera son dos nombres que aparecen a lo largo de versiones e información que existe en el expediente del caso Las Torres. Por ejemplo, Pedro Crespo, accionista de la empresa Nolimit, rindió una versión en este caso, la cual fue usada por la fiscal general, Diana Salazar, como uno de los 16 elementos para formular cargos contra los ahora nueve procesados.

Crespo recordó que a finales de 2018 aparecieron en escena Barrera y De la Torre con José Luis de la Paz, representante de la empresa Nolimit, quien fue detenido en Estados Unidos y confesó haber pagado $ 8,8 millones en sobornos por contratos de Petroecuador. Según la versión, los dos primeros se ofrecieron para gestionar los pagos que estaban pendientes desde Petroecuador.

Nolimit, contratista de Petroecuador, necesitaba el pago de planillas por trabajos realizados, pero para que estos se concreten desde la petrolera estatal se requería tener informes de la CGE favorables. Ahí entró en operación la estructura al ofrecer limpiar o desvanecer los informes de Contraloría a cambio del pago de un soborno que debía ser entregado a De la Torre, por ejemplo.

Confirmado un informe favorable o el desvanecimiento de una glosa, Petroecuador daba paso a liberar los recursos que debía pagar en este caso a Nolimit. Desde Fiscalía se presume que al menos cinco glosas relacionadas con Nolimit por aproximadamente $ 13 millones fueron desvanecidas por orden directa de Pablo Celi.

Pedro Crespo, accionista de Nolimit, refirió en su versión que De la Torre y Barrera habrían pedido que el dinero que se les iba a pagar se les entregue en efectivo en Ecuador, pero los accionistas propusieron transferencias en Estados Unidos. Luego de esa reunión en Estados Unidos en la que se establecieron los pagos, Raúl de la Torre les comentó a los accionistas de Nolimit que había llegado a ese país sin dinero y pidió en efectivo $ 30.000.

Varias de las compras para De la Torre habrían sido hechas en Miami con una tarjeta de crédito de uno de los accionistas. Entre los objetos que se habrían adquirido estaba un reloj marca Rolex de $ 13.000 y dos compras por $ 5.000 cada una en tiendas de ropa y de aparatos electrónicos. A decir de Crespo, todos los recibos y vouchers de esas compras fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos.

Finalmente, Crespo al ser consultado por la fiscal sobre cuáles eran los nombres de los beneficiarios de los dineros que iba a recibir Raúl de la Torre, respondió que el propio De la Torre mencionó al “señor Esteban Celi, quien sé es un tío, al señor Pablo Flores, al señor José Agusto Briones de los nombres que recuerdo”.

QUITO. Alejandro Rodas y Gabriela Moreira, del Frente Cívico de Perjudicados por la Contraloría General del Estado, solicitaron a la fiscal Diana Salazar actualizar la información sobre la trama de corrupción que se investiga en la CGE. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

El empresario Roberto Barrera en su versión rendida el pasado lunes ante la Fiscalía dijo que fue Raúl de la Torre, a mediados de 2018, quien le presentó como un amigo a José de la Paz; mientras que de Pedro Crespo dijo que estaba junto con De la Paz cuando le presentaron y otras dos personas que no conocía.

Barrera negó haber tenido algún vínculo financiero o de negocio con De la Paz, pero reconoció que en una reunión en la que él intervino fue porque José Luis de la Paz le había ofrecido a Raúl de la Torre una comisión por un favor de un pago. La reunión habría sido para indicar cómo iban a pagar y trataron de temas que tampoco conocía. (El Universo)