La Comisión de Régimen Económico, con nueve votos afirmativos, aprobó el informe para segundo debate del proyecto urgente de Ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, que tiene por objetivo organizar de manera técnica la generación de política pública monetaria del país, a través de la Junta de Regularización de Política Monetaria que será instrumentalizada por el Banco Central del Ecuador. Se registraron, además, cuatro votos en contra.

Previamente, el organismo debatió algunos de los temas principales de la propuesta. Así, Ana Belén Marín reiteró que no se debe eliminar la inversión doméstica, a través de los fondos de liquidez del Banco Central, lo cual incidirá en la disminución de créditos produtivos, para vivienda, entre otros segmentos que aportan al desarrollo económico y social del país.

De su lado, Henry Kronfle consideró que se están confundiendo algunos conceptos acerca del objetivo del proyecto de ley. Por ejemplo, al limitar el crédito lo que se hace es evitar que una institución financiera pueda otorgar préstamos por encima de su capacidad y si recurre a créditos del exterior se lo haga hasta un límite específico. Por otra parte, subrayó que el Ejecutivo no pierde la responsabilidad en el manejo de las juntas de Regulación Monetaria y de Regulación Financiera.

Mientras, el legislador Hermuy Calle, sobre la base de un esquema de cómo funciona actualmente la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que, a través de la reforma, se divide en dos, el Presidente de la República pierde su responsabilidad sobre el manejo de estos dos organismos y, lo que es más, a la nueva Junta de Regulación Financiera se le añade la capacidad de regular la seguridad social, lo cual es inadmisible.

Entre tanto, Gabriela Larreátegui defendió la constitucionalidad del proyecto de ley que garantiza un manejo independiente y autónomo del Banco Central del Ecuador, para que sus recursos no sea utilizados de manera discrecional por la Función Ejecutiva.

La asambleísta Pinuccia Colamarco, en cambio, enfatizó en su observación en el sentido de que la información que sea catalogada como reservada esté accesible, de forma inmediata, para los organismos de control, como el caso de la Contraloría General del Estado y que, en caso de ser requerida, pueda ser entregada a la Asamblea Nacional dentro de su capacidad fiscalizadora.

Para Patricio Donoso no hay duda alguna de que el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización es constitucional, razón por la cual es necesario que sea aprobado, con las mejoras del caso, a través del Pleno de la Asamblea. Añadió que es indispensable incluir en el informe que quienes vayan a formar parte de las dos juntas de regulación acrediten experiencia en materia monetaria y financiera, respectivamente.

Así mismo, Luis Pachala aclaró que la Contraloría General del Estado sí ejercerá control respecto de la gestión de la Junta de Política Financiera, además estará sometida a procesos de auditoría interna y externa, pues contará con un comité para el ejercicio de esta facultad.

La asambleísta Lira Villalva, al razonar su voto, anticipó que se reserva el derecho de presentar un informe de minoría sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización, por cuanto se mantienen varias disposiciones que, a su juicio, son contrarias a lo establecido en la Constitución de la República.

El presidente de la mesa, Franco Romero Loayza, destacó el esfuerzo realizado por el organismo para recoger en el informe no solo las observaciones efectuadas durante el primer debate en el Pleno, sino también los aportes que fueron enviados por varios legisladores con posterioridad al cierre de aquella sesión. (Asamblea Nacional)