El exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, remitió por escrito sus argumentos de descargo, en la sustanciación de las solicitudes de juicio político presentadas en su contra por los asambleístas Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley, proceso que desarrolla la Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigida por Noralma Zambrano.
La documentación enviada por Zevallos, contenida en 59 páginas, resume sus actuaciones como ministro de Salud Pública. En ella, el exfuncionario subraya que toda la información fue entregada oportuna y detalladamente, en al menos una veintena de comparecencias a las distintas comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional, durante 11 meses.
Añade que, en concordancia con la pasión propia de su profesión de médico, asumió el reto de enfrentar la pandemia de COVID-19 y contribuir a la contención de la misma, a fin de disminuir la velocidad de los contagios, con acciones inmediatas. Para ello, se establecieron estrategias como la atención diferenciada en las unidades de salud, la expansión de la capacidad hospitalaria, ampliación de camas. El país ahora cuenta con 142 hospitales de atención COVID, 118 del Ministerio de Salud y 24 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Entre otras de sus afirmaciones, según el exministro de Salud, pese a las dificultades económicas del país, hizo posible la inversión de 200 millones de dólares para la adquisición de dispositivos médicos, equipamiento, medicamentos, pruebas COVID, contratación de personal, establecimiento de la estrategia epidemiológica, entre otras prioridades para la atención de la pandemia.
Respecto de la entrega irregular de carnés de discapacidad, refiere que en cuanto se conoció de esta problemática se tomaron los correctivos necesarios, entre ellos, la suspensión de las claves de acceso al sistema informático. También se ordenó una auditoría, la revisión de la totalidad de los carnés otorgados para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y demás normativa aplicable, en consecuencia, se presentaron en la Fiscalía 55 denuncias contra 61 funcionarios involucrados y 705 ciudadanos que habrían incurrido en la obtención del documento, sin tener derecho.
En torno a la aplicación de lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que garantiza la estabilidad de los profesionales y trabajadores de salud que estuvieron en primera línea de combate al COVID, explica que se cumplieron todos los pasos necesarios para la ejecución de los concursos públicos de méritos y oposición, producto de lo cual se entregaron 5961 nombramientos definitivos, del total de 12 045 beneficiarios identificados. En caso de quienes tenían nombramiento provisional el trámite fue mucho más ágil, sin embargo, para quienes tenían contrato ocasional correspondía solicitar del Ministerio de Finanzas la certificación presupuestaria para la creación de las correspondientes partidas.
Sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID, asegura que este contaba con tres fases. La fase piloto o cero contemplaba al personal de primera línea; fase 1, a policías, militares, personal sanitario, entre otros; en la fase 2 están ciudadanos mayores de 18 años; y fase 3 otros grupos determinados. El objetivo es inmunizar al 60 -70 % de la población. Su cumplimiento dependerá de la llegada oportuna de las dosis de vacunas de las distintas farmacéuticas, de acuerdo con el cronograma establecido.
Interpelantes
De su lado, Ángel Sinmaleza, uno de los interpelantes, consideró que en la información escrita el exministro Juan Carlos Zevallos hace una relación de la normativa vigente en el área de salud, pero la sola existencia de esas normas no demuestra el cumplimiento de funciones. No respondió por qué no entregó la información a la Asamblea sobre la entrega irregular de los carnés de discapacidad, más bien, al contrario, declaró esa información como reservada.
Así mismo, dijo que el exfuncionario incluye en su informe un supuesto Plan Nacional de Vacunación, que jamás lo hizo público, pero lo que presenta es un cronograma, que no es, en modo alguno, un plan debidamente estructurado. Y, por último, se demostró el incumplimiento de la Ley Humanitaria al reconocer que solo se entregaron 5961 nombramientos.
Entre tanto, el también interpelante, Pabel Muñoz, dejó constancia de la ausencia del exfuncionario, quien solamente envió un informe retórico, con respuestas evasivas, muy generales, cuando lo que el país exige es que presente hechos y acciones concretas que demuestren resultados de su política de salud durante la pandemia. Si hubiese comparecido, le habría preguntado sobre la desvinculación de personal sanitario en plena emergencia sanitaria; por qué se permitió la vacunación de personas que no pertenecían a la primera línea, saltándose las prioridades; por qué hasta ahora decenas de ciudadanos no conocen del paradero de los cuerpos de sus seres queridos fallecidos en el contexto de la pandemia, entre otras interrogantes, agregó.
Al cierre de la sesión, la vicepresidenta del organismo, Noralma Zambrano, recordó que la Comisión de Fiscalización garantizó el debido proceso, el respeto de las garantías de la presunción de inocencia y del derecho a la legítima defensa. Sin embargo, el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, prefirió presentar sus descargos por escrito. (Asamblea Nacional)
