Durante la emergencia sanitaria hubo compras con sobreprecios, tanto de insumos médicos como en bolsas para cadáveres, en las unidades hospitalarias del Ministerio de Salud Pública y de la Seguridad Social, así lo ha confirmado el Juan Javier Dávila, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)
 
Dávila ha comparecido en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, ahí ha explicado que la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción abrió varios expedientes con cuatro informes.
 
El primero sobre el presunto sobreprecio en la adquisición de fundas de cadáveres en el Hospital Guasmo Sur. El segundo se refiere al presunto sobreprecio en la adquisición de batas y pantallas faciales de protección en el Hospital Los Ceibos del IESS. El segundo se relaciona con la adquisición de mascarillas quirúrgicas con posible perjuicio económico para el Estado. Mientras que el cuarto contiene el detalle de la compra de un respirador con eficiencia de filtración mínima del 95 por ciento quirúrgica, ha detallado.
 
Ha indicado que entre los hallazgos consta que hubo sobreprecios en la adquisición de bolsas para cadáveres, batas manga larga, visores y mascarillas, entre otros insumos, que van entre el 486 por ciento y el 527 por ciento, considerando el valor unitario, respecto del costo con el cual se contrató en otras unidades de salud de la red pública.
 
Dávila ha señalado que en la mayoría de los casos, las posibles conductas penales en que habrían incurrido están: peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias y colusión.
 
Todos los informes fueron remitidos a las autoridades pertinentes, entre ellas, la Contraloría y la Fiscalía General del Estado para que se determinen las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan, ha añadido.

 
Pruebas de cargo
 
En el marco de la sustanciación de las solicitudes de juicio político presentadas contra el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, la Comisión también ha recibido más pruebas de cargo solicitadas por los asambleístas Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza, así como pruebas de oficio.
 
Rosi Prado de Holguín, ministra de Turismo, ha confirmado que ella y su esposo recibieron las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, entre enero y febrero de este año. Según dijo, ha recibido un mensaje, vía whatsapp, de parte de Gabriela Gómez, entonces asesora del ministro Juan Carlos Zevallos, con la fecha y hora en que debían presentarse para recibir la vacuna.
 
Ha manifestado que en ningún momento, ni a título personal, ni como ministra de Estado, solicitó que se la considere en la lista para la vacunación. Sin embargo, ha considerado que fue parte del proceso porque, en razón de su trabajo en territorio así como por ser parte de la tercera edad, se la llamó para la respectiva inoculación.
 
Por otro lado, Pedro Molina, director asistencial del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, ha detallado que el trabajo que cumple esta casa de salud en atención a los pacientes con COVID-19. Ha asegurado que ninguna de las autoridades, ni funcionarios, ni trabajadores del hospital tuvo incidencia en la determinación de a quién y cuándo vacunar. Sin embargo, ha afirmado que existieron disposiciones verbales y vía telefónica para ampliar la vacunación en determinados lugares. (edicionmedica.ec)