Con siete votos a favor, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, presidida por el asambleísta Fernando Flores, aprobó el informe para segundo debate  del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. La norma legal busca amparar los derechos fundamentales de las personas y garantizar la privacidad de la información a fin de evitar la filtración de la misma.

El proyecto de Ley que protege a la sociedad que, en la actualidad, se encuentra hiperconectada, se rige bajo los principios de juridicidad, lealtad, transparencia, confidencialidad, conservación y seguridad.

Alrededor de 30 expertos nacionales e internacionales presentaron sus observaciones a esta iniciativa legal. A su criterio, la mala utilización de los datos personales genera serios problemas para la sociedad y las instituciones, por lo que es importante dictar la ley.

El informe recoge las últimas observaciones de los asambleístas Fabricio Villamar y Pedro Quirichumbi. En el primer caso, incluye  una disposición general para que ninguna entidad pública o privada pueda cobrar valores por servicio de entrega de información, sustentada en los datos de los solicitantes.

De igual forma, en otra disposición general, para que el cobro de valores por servicio de entrega de información a los pueblos indígenas y nacionalidades se lo haga mediante subsidio nativo, en idiomas ancestrales.

Previamente, ante las dudas del asambleísta César Carrión, la Comisión escuchó, nuevamente, los criterios técnicos de Juan Sebastián Salcedo, representante de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC).

Salcedo explicó la necesidad de modificar determinados artículos sobre las entidades certificadoras de la protección de datos, a fin de que tengan armonía con la responsabilidad proactiva y autorregulación. Aseguró que estos conceptos determinan que las empresas de forma voluntaria podrán acogerse a los códigos de conducta.

El asambleísta César Carrión consultó acerca del mecanismo de autorregulación y la responsabilidad proactiva de las entidades certificadoras, que son entidades privadas.