En la sesión del Pleno 699, la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal y de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para Prevenir y Sancionar la Violencia Sexual Digital, recogiendo el informe de la Comisión de Justicia.
Esta propuesta es el resultado de la unificación de dos proyectos: de reformas al Código Penal para Tipificar los Delitos de Sexting y Hostigamiento; y para Prevenir la Violencia, el Acoso Digital y la Violación a la Intimidad, de autoría de los legisladores Franklin Samaniego y Mae Montaño, respectivamente.
José Serrano, presidente de la Comisión de Justicia, en calidad de ponente, expresó que el proyecto se enfoca en la prevención y combate a la violencia sexual digital, que se ha convertido en uno de los grandes flagelos que inunda de tensión y riesgos a la humanidad y el país. Es importante construir una sociedad igualitaria entre hombres y mujereres, argumentó.
Esta es una respuesta efectiva de la Asamblea Nacional para sancionar los diversos tipos de violencia que han ido surgiendo en el entorno digital a raíz de los avances tecnológicos que cada vez son más y mejores, pero asimismo, representan un gran riesgo para quienes tienen acceso al internet, siendo los más vulnerables y víctimas de estas malas prácticas: mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, y la ciudadanía en general, puntualizó.
Esfatizó que es indispensable que la Legislatura genere ese precedente y acabe con la impunidad de los ciberagresores, quienes se protegen en la clandestinidad de sus actos realizados en todo tipo de entorno digital a través del internet.
Llamó a la Función Ejecutiva a ratificar el Convenio de Budapest, pues Ecuador es uno de los tres países de Latinoamerica que no se han adherido al mismo. Este instrumento es clave para enfrentar los delitos informáticos mediante la armonización de leyes y la cooperación internacional, sostuvo.
La mesa realizó más de 10 sesiones y diversas reuniones técnicas sobre la temática; recibió a 24 actores, instituciones, académicos y expertos nacionales e internacionales.
Ejes principales
Dentro de las reformas al COIP, en materia de Violencia Sexual Digital, se crea el ciberacoso sexual; disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva; y la divulgación de contenido sexual explícito sin consentimiento.
En los cambios a la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se incluye el reconocimiento de dos nuevos tipos de violencia contra la mujer: divulgación de mensajes, imágenes, audios o grabaciones audiovisuales con contenido sexual explícito sin consentimiento; y ciberacoso sexual. Además, se determinan atribuciones especiales del ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público respecto a la violencia sexual digital.
Se sanciona a la persona que por medios tecnológicos o digitales vigile, persiga, moleste, presione, intimide, insulte, denigre, domine o perturbe de forma insistente o reiterada a otra, con el fin de establecer contacto con ella para incitarla a algún acto de naturaleza sexual, con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
También, la persona que, mediante el uso de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación presentes o futuras, divulgue, revele, viralice o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a datos personales, mensajes, imágenes, audios o grabaciones audiovisuales con contenido sexual explícito que la persona afectada le hubiese confiado de su intimidad, será sancionada con una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años.
Debate y aportes
En el debate intervinieron seis parlamentarios. Las opiniones se orientaron en la necesidad de sumar esfuerzos para desterrar, de una vez por todas, la violencia en todas su formas, más aún cuando esto se ha convertido en un problema de salud pública. Los medios dan cuenta sobre feminicidios y otros crímenes contra el sector femenino, por tanto no se puede seguir impávidos ante esta lacerante realidad.
Se mencionó que las mujeres son expuestas 27 veces más que los hombres en las redes sociales y que el 23 % ha sufrido actos de acoso y hostigamiento en alguna ocasión, hechos que conllevan al aislamiento, depresión y hasta suicidios.
Alertaron que el ciberacoso afecta directamente a sectores vulnerables, especialmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres, los cuales deben ser protegidos por el Estado y la sociedad con marcos normativos específicos, política pública y protocolos de seguridad. El mecanismo de prevención es de todos, agregaron.
También, expusieron que la sociedad culpabiliza a las víctimas y los ciudadanos no se atreven a denunciar estas formas de violencia por temor, miedo y vergüenza; es un tema humano profundo que tiene implicaciones en la vida cotidiana de la familia y su estabilidad. Hay que afrontar, con firmeza, el problema y sancionar a las redes criminales, a los responsables de estos delitos y evitar la impunidad, acotaron.
Los parlamentarios insistieron en se requiere la asignación de recursos debidos y suficientes para que la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres pueda cumplir con sus reales objetivos.
Testimonio
Previo al tratamiento del proyecto, el Pleno de la Asamblea, en comisión general, recibió a la activista Isabella Nuques Macías. Ella manifestó que es fundamental luchar por la erradicación de la violencia sexual que hoy en día ha sido expandida al mundo de las plataformas digitales.
Indicó que fue víctima de violencia sexual digital por siete años por parte de su expareja, quien se dedicó a repartir, de manera virtual, imágenes íntimas, afectando gravemente a su vida e integridad. Mi único delito quizá fue haber confiado y enamorado de él, precisó.
Comentó que la revictimización es el protagonismo, pues a la víctima se la trata como culpable. Planteó que las sentencias mínimas sean de 5 a 7 años de privación de libertad y con agravantes de 7 a 13 años, tomando en cuenta los fuertes daños psicológicos que generan este tipo de casos.
Sugirió que la violencia sexual digital se considere como violencia de generó y que si el presunto agresor es capturado en delito flagrante solo tenga opción de prisión preventiva hasta finalizar el proceso judicial, a fin de respaldar a la víctima y evitar que sea de nuevo perjudicada en las redes. Se mostró partidaria de que jueces, fiscales y policías se especialicen en estos aspectos. (Asamblea Nacional)
