En el marco de tratamiento del dictamen de la Corte Constitucional relativo a las objeciones por razones de inconstitucionalidad al proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la Comisión de Participación Ciudadana, presidida por Raúl Tello, en la sesión 092, receptó los criterios del experto Andrés Ormaza, de docentes y estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito.

Andrés Ormaza, quien acompañó el proceso de construcción de la normativa, consideró que el dictamen de la Corte Constitucional es valioso y tiene un análisis riguroso.

Sin embargo, el organismo enfatiza que la extinción de dominio se trataba de una sanción, omitiendo una referencia a la legislación constitucional comparada, especialmente de Colombia, que en esta materia define la naturaleza y el alcance de este instrumento jurídico, que claramente pone de manifiesto que no se asimila a una sanción, es decir no tiene unas connotaciones punitivas, más aún cuando “a nadie le están quitando algo que jurídicamente nunca fue suyo”, argumentó.

Opinó que faltó un estudio más profundo del alto tribunal sobre las consecuencias derivadas de la nulidad de inicio y también frente al alcance de la protección constitucional de la propiedad. Resaltó el tema de imprescriptibilidad como una característica de la Ley de Extinción de Dominio, tras manifestar que el reto de la Asamblea es fijar una fórmula que impida cualquier interpretación errada sobre los capitales ilícitamente adquiridos antes de la vigencia del cuerpo legal.

En tanto, Bárbara Terán, profesora titular de la clase de Clínicas de Derecho Empresarial de la Universidad San Francisco, indicó que a diferencia de nuestro país, las legislaciones de Colombia y México ya recogen la posibilidad de extinguir el dominio restringida a delitos de enriquecimiento ilícito y de crimen organizado, respectivamente.

Mientras, Sebastián Arrieta, estudiante de la Universidad San Francisco, invocó a garantizar el principio fundamental y universal de la presunción de inocencia, consagrado en la Constitución del Ecuador y en la Convención Americana de  Derechos Humanos.

A su vez, la estudiante Daniela García habló de la sanción irregular de actividad ilícita, al mencionar que únicamente se pueda sancionar al responsable del delito o a quienes hayan participado. Planteó eliminar la palabra "relacionado" con el fin de precautelar derechos de terceros.

La asambleísta Mae Montaño resaltó la importancia del derecho comparado, por lo que se debe profundizar en los conceptos de prescripción y su tratamiento en otros países.

Finalmente, el parlamentario Raúl Tello, titular de la mesa de Participación Ciudadana, expresó que en el futuro Ecuador contará con una Ley que permita mayor efectividad para combatir el crimen organizado. Anunció que el próximo miércoles se prevé la aprobación del informe no vinculante. (Asamblea Nacional)