En la Comisión de Régimen Económico, Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas señaló que el proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización, busca un marco legal que permita al Ecuador defender el régimen cambiario adoptado hace 20 años que es respaldado por más del 95 % de los ecuatorianos; así como, establecer seguridades y candados necesarios para fortalecer la dolarización.

Dijo que la propuesta del Ejecutivo debe ser analizada a la luz de la actual coyuntura, sus antecedentes y riesgos futuros. No resuelve un tema puntual, pero forma parte del programa económico del país y de los acuerdos multilaterales, enfatizó.

Pozo explicó la problemática que ha tenido que enfrentar el Banco Central del Ecuador (BCE), la descapitalización; eliminación de sistemas de cobertura del balace, financiamiento del gasto público con creación de dinero sin respaldo, dación en pago antiténica; y falta de independencia técnica.

Señaló que desde 2008 se dio un cambio de modelo estructural, acompañado de la eliminación de normativas que habían robustecido la dolarización en los primeros años (fondos de ahorro, reglas de gasto, sistemas de cobertura para el BCE). Dijo que en septiembre de 2008 hubo un descalce de 454 millones de dólares y a febrero de 2021 de 6637 millones de dólares.

Recordó que, a partir  noviembre de 2009, el BCE perdió su autonomía y administró la reseva de manera política, pues fue considerado como un banco comercial, provocando el debilitamiento sostenido de la cobertura de los pasivos con activos líquidos de la reserva internacional, siendo esta la regla fundamental de un régimen de dolarización.

Al referise a la actual Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mencionó que es carente de una estructura técnica y administrativa, lo cual resta capacidad y oportunidad a sus decisiones. Por esa razón se propone conformar dos Juntas, una de Política y Regulación Monetaria y otra de Política y Regulación Financiera.

Con el propósito de resumir el proyecto de Ley, Pozo dijo que lo esencial es mantener el sistema monetario estable para preservar la integridad de la dolarización, por lo que se requiere independencia técnica de las Juntas, y del Banco Central. Esto permitirá mejorar las funciones de los entes de control y supervisión del sistema financiero nacional; la Corporación de Seguros de Depósitos (Cosede) contará con la recuperación adecuada de los recursos de sus fondos, a fin de garantizar la sostenibilidad y cobertura de los depositantes, con observancia de estándares técnicos internacionales, señaló.

El BCE recuperaría los cuatro sistemas de cobertura del balance general, con una composición más estricta que antes; además aumentaría su capital (autorizado, suscrito y pagado). Se establecen claramente las funciones y atribuciones del gerente general; así como, los requisitos de designación y remoción de su órgano máximo de gobierno; se retira la función relacionada con el cierre de la crisis bancaria de 1999.

Por su parte, la Junta de Política y Regulación Financiera formulará las políticas crediticia y financiera, incluyendo la política de seguros, servicios de atención integral de salud prepagada y valores; expedirá regulaciones microprudenciales para sectores financiero, de seguros, de valores y servicios de atención integral de salud prepagada, con base en propuestas presentadas por las respectivas superintendencias, dentro de sus ámbitos de competencia.

Sobre la supervisión de los sectores financiero y Cosede, subrayó que se establece la reforma de normas que enmarcan este tema y las competencias sancionadoras a entidades reguladas, incluidas las de seguridad social.

Pozo indicó que dada la importancia del sector financiero popular y solidario, en el proyecto se contempla su fortalecimiento y la mejora de la normativa diferenciada que lo regula en beneficio de sus socios y clientes. A fin de reducir los efectos de la crisis por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 se otorga a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la potestad de regular el plazo que las instituciones financiera Internacionales pueden conservar los bienes recibidos en dación de pago o por adjudicación judicial y así como la constitución de sus provisiones.

En su turno, los parlamentarios formularon una serie de inquietudes. Por qué se establece miembros permanentes y otros a tiempo parcial de las juntas de política monetaria. Les preocupa la pretensión de solventar, con las reservas del BCE, la totalidad de los depósitos en el sistema financiero. Solicitaron se informe el sustento para prohibir que el BCE otorgue créditos a entidades financieras públicas pero sí a la banca privada; cómo esta Ley de podría afectar a las instituciones financieras de la economía popular y solidaria.

Dijeron que los temas económicos de un país no deben manejarse con tintes ideológicos, sino pensando en el bienestar del Ecuador. Pidieron se explique los motivos para que la normativa solamente determine que los miembros de las Juntas no sean accionistas de la banca privada y no el que hayan trabajado en ella; y se explique los cuatro sistemas de balance.

Entre otros aspectos, Mauricio Pozo recalcó que los cuatro balances permitirán transparencia de información. Dijo que el BCE ya no será prestamista de última instancia; se busca su  independencia técnica para manejar las reservas del país y que nadie se apropie de ellas; respecto del nombramiento de los miembros de las Juntas dijo que es con la finalidad de nombrar a los mejores profesionales y que no es un pecado que hayan trabajado en una institución financiera, tomando en cuenta que lo que se necesita es experiencia.

Junta

De su lado, Marcos López, delegado del presidente de la República ante la Junta de Política Monetaria y Financiera, dijo que urge la protección de la dolarización con reglas básicas para sostener el esquema monetario y la independencia técnica del BCE en la toma de decisiones. Recordó que la institución fue descapitalizada sistemáticamente, entre el 2009 y 2017, con resultados negativos económicamente para el país.

Los parlamentarios señalaron que en el proyecto económico urgente aún existe inconstitucionalidad al pretender que la formulación de la política monetaria, crediticia y financiera pase a manos de la Junta de Política de Regulación Financiera, cuando esto es facultad del Ejecutivo, por tanto, habría que hacer cambios a la Constitución. Marcos López fundamentó su explicación sobre la base del artículo 141 de la Constitución. (Asamblea Nacional)