La Fiscalía General del Estado continúa en la búsqueda de información relacionada con el plan de vacunación en contra del coronavirus dentro de una investigación que lleva a cabo.

Además de haber citado a funcionarios públicos y personas en general para que rindan su versión, se pidió al Ministerio de Salud -por cuanto la información requerida no se encuentra completa- que remita copias certificadas del acuerdo ministerial de noviembre de 2011; la certificación en la que conste en qué publicación, decreto o instrumento se emitió el plan nacional de vacunación, las versiones de fechas 29 de diciembre de 2020 y 21 de enero de 2021.

Según la página web del plan vacunarse, el 8 de octubre de 2020, se constituyó el equipo encargado de desarrollar el plan de vacunación encabezado por el ministro del ramo, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud y entidades como la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica o la Estrategia Nacional de Inmunizaciones.

El 29 de diciembre se emitió el plan para la vacunación.

Se estableció, por ejemplo, que los grupos poblacionales objetivo para recibir la vacuna que prevenga la COVID-19 se determinan en base al análisis de la evolución de la enfermedad, a la disponibilidad de la vacuna y sus características.

En enero 21 de este año hubo una nueva versión. Se incluyó, por ejemplo, el listado de los fabricantes de vacunas con los que Ecuador había tenido contacto.

El plan empezó a aplicarse ese mes con la llegada de las primeras dosis en la denominada fase piloto que debió incluir a personal médico que trataba la pandemia en hospitales y adultos mayores que vivían en centros gerontológicos y quienes los cuidan.

Dentro de la investigación, cuatro ministros fueron convocados para dar su versión: René Ortiz, de Energía; Rosi Prado, de Turismo; Mauricio Pozo, de Economía; y Julio Recalde, de Desarrollo Urbano y Vivienda y además Rocío González, esposa del presidente Lenín Moreno.

El mandatario justificó que no solo algunos ministros hayan sido vacunados sino también sus parejas.

A Moreno, en su programa radial le preguntaron ¿por qué el secretismo? respondió que existe una norma y está dentro de la ley de que las fichas médicas de las personas son reservadas.

Agregó que en el momento en que la Fiscalía lo solicitó se entregó toda la información.

Sobre personas que no estaban en los grupos que habían sido priorizados por el Gobierno para inmunizarse y que lo hicieron, para Moreno la responsabilidad era de los coordinadores de Guayaquil y de Quito.

A la Fiscalía, la Unión Nacional de Educadores (UNE) le exigió que dé paso a la denuncia que presentó junto al Frente Popular sobre el proceso de vacunación.

Las versiones en esa instancia de la Función Judicial seguirán hasta la próxima semana. (El Universo)