La Comisión de Educación analizó el informe borrador de primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley  Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas Suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) y mecanismos para asegurar la eficiencia en la distribución y uso de recursos públicos en el Sistema de Educación Superior.

La propuesta, de autoría de la legisladora Gabriela Cerda, busca dar respuesta a la realidad y necesidades económicas y administrativas que atraviesa el Fideicomiso Mercantil “Mandato 14 – Más Calidad” y sobre todo, alcanzar un reparto equitativo de recursos para las instituciones de educación superior.

Según datos del Consejo de Educación Superior (CES), se evidencia que la gestión y proceso de enajenación de los bienes pertenecientes a las universidades y escuelas politécnicas cerradas definitivamente, no ha podido concluir debido a la falta de recursos que el Fideicomiso padece para el pago de impuestos relacionados a dichas transferencias de dominio. Esto, a su vez, acarrea un incumplimiento del plazo fijado para finalizar dicho proceso.

En tal sentido, las reformas tratan de garantizar la ejecución efectiva de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas, lo cual implica la venta de bienes, el pago de haberes laborales a extrabajadores, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a los acreedores de las extintas instituciones de educación superio, y la repartición equitativa de los recursos excedentes resultantes de la administración del Fideicomiso.

En este contexto, la mesa decidió convocar, en los próximos días, a las autoridades del CES, Corporación Financiera Nacional, Junta del Fideicomiso, a fin de que presenten una información actualizada en torno de la posible venta de bienes, pagos de acreencias, entre otros aspectos. También, se invitará a extrabajadores, especialmente del sector de docentes para que expongan su situación.

El presidente de dicha Comisión, Jimmy Candell, consideró que lamentablemente el  Fideicomiso no ha funcionado como se esperaba. Se ha evidenciado que la mayoría de bienes no han recibido el debido mantenimiento e incluso algunos se han extraviado, por lo que se debe determinar las responsabilidades del caso.

Mientras, la asambleísta Silvia Salgado dijo que la Ley no tuvo un seguimiento respecto de su aplicación y cumplimiento. Han pasado más de 10 años y todavía está pendiente el reconocimiento de derechos, en particular de deudas de las instituciones con los profesores, estudiantes y el propio Estado que invirtió en el proceso de más de 80 mil alumnos para que no se perjudicaran por el cierre de las instituciones, agregó.