La Fiscalía General allanó ayer miércoles las instalaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP). La entidad informó que en el operativo se recaba información sobre el plan de vacunación que se aplica desde enero pasado y la lista de beneficiarios de las fases cero y 1, debido a que por tres ocasiones ha sido remitido un listado incompleto, sin los nombres de las personas que han sido inmunizadas.

En Ecuador, actualmente se aplica la fase 1, dirigida a personal sanitario en general, adultos mayores, docentes, personal de sectores estratégicos, entre otros. Ya concluyó la fase cero, en la que estuvieron incluidos personal sanitario que atiende la pandemia en hospitales y adultos mayores que viven en centros gerontológicos.

El proceso ha sido criticado y ha recibido cuestionamientos por la poca cantidad de dosis que han llegado al país y porque personas que no han sido priorizadas por el Gobierno ya han recibido las dosis. Incluso llegó al ámbito judicial.

En contra de Zevallos se presentaron varias denuncias por la distribución de las vacunas en contra del coronavirus.

La diligencia se da dos días después de que el exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, vía telemática, ampliara su versión y tres semanas posteriores a que él saliera del país rumbo a Estados Unidos tras haber renunciado.

Según Fiscalía, el allanamiento se da como parte de las diligencias que investiga a Zevallos y otras personas por presuntos delitos contra la administración pública.

“Las versiones obtenidas en las últimas horas evidencian que se tiene un registro detallado de las personas vacunadas, lo que hace presumir que existe información que ha sido ocultada y que serviría para la investigación que lleva adelante”, indicó en su cuenta oficial la Fiscalía.

En su cuenta de Twitter la entidad dio a conocer otras diligencias. El operativo estuvo liderado por su titular, Diana Salazar.

La Fiscalía aclaró que las pericias que se practicarán a los dispositivos y equipos incautados utilizarán técnicas de informática forense que no interferirá de ningún modo en los procesos de registro del ministerio.

La entidad luego fue al hospital Pablo Arturo Suárez, al norte de Quito, donde se habrían incautado “listas reservadas”, en las que constarían nombres de miembros del Gobierno y particulares.