Cuatro personas son procesadas por haber cometido un delito de robo con violencia. Los elementos de convicción presentados por el fiscal Pablo Durán, durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, fueron suficientes para presumir la existencia de la infracción penal.

Entre estos constan: la denuncia de la víctima, versiones de los agentes aprehensores, el informe de reconocimiento y avalúo de evidencias, el formulario de cadena de custodia, el examen médico-legal practicado a la víctima, entre otros.

El Juez de la Unidad Judicial Penal, con competencia en delitos flagrantes, acogió el pedido de Fiscalía y ordenó la prisión preventiva en contra de todos los implicados. La instrucción fiscal durará treinta días, a partir del 6 de marzo de 2021.

Hechos

En la audiencia de calificación de flagrancia, el fiscal Pablo Durán explicó al Juez que un día antes, los procesados habrían asaltado a una mujer que tomó un taxi conducido por uno de los ahora procesados.

La carrera terminó en un conjunto residencial ubicado en el norte de Quito, lugar donde reside la afectada. El taxi pasó el primer filtro, pero, cuando llegaron al inmueble, de la cajuela del automotor salieron dos personas más, quienes habrían amedrentado a la víctima para obligarla a abrir la puerta de su domicilio.

La escena fue captada por una cámara de seguridad. Uno de los vecinos de la mujer se percató de la situación anómala y tomó una fotografía de la placa del taxi. La imagen fue entregada a la Policía Nacional.

Los sospechosos habrían sustraído una filmadora, un lote de joyas y el vehículo de la denunciante, en el que supuestamente intentaron salir con la misma víctima, para evitar que el guardia de seguridad advierta el robo. Pero, antes de llegar a la garita, ella logró abrir la puerta y saltar, mientras que los ahora procesados se fugaron.

Horas después, la Policía arrestó al supuesto conductor del taxi, identificado como Christian G. El vehículo de la denunciante fue encontrado en el sector de El Panecillo, en el centro de Quito, y estaba ocupado por Xavier V. y Guillermo Q. La cuarta sospechosa, Mikaela P., fue aprehendida en el sur de Quito.

La instrucción fiscal se abrió con base en el artículo 189, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP): “la persona que, mediante amenazas o violencias, sustraiga o se apodere de cosa o mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.