Este lunes 8 se celebra el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, durante el último año, la cifra de femicidios y violencia de género alarmó a organizaciones civiles y de lucha por los derechos humanos.

El confinamiento entre los meses de marzo y abril del 2020 por la pandemia de COVID-19 generó que se incremente el registro de violencia intrafamiliar y abusos sexuales a niñas por parte de familiares, como padres y tíos.

Desde la pandemia, 70.440 casos de violencia intrafamiliar se reportaron a nivel nacional. De esta cifra, el 52% es violencia psicológica y 48% se trata de violencia física, y su mayor incidencia se registra en las provincias de Guayas, Pichincha y Esmeraldas, según servicios integrados de seguridad.

Para la psicóloga Estefanía Paz, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), la violencia hacia mujeres se incrementó durante la pandemia debido a que las víctimas estaban encerradas junto a sus agresores, lo que propició que sus espacios fueran más riesgosos y que las agresiones se desataran de manera más constante, más intensa y con mayor frecuencia.

 “Por el hecho de estar aislados y por las medidas que se implementaron de tener que estar confinados, de no poder salir y de que muchos de los espacios se vieron cerrados, las mujeres y también los niños perdieron contacto con sus redes de apoyo, con sus familiares, con sus amigas o con cualquier persona que les pudiera brindar ayuda”, manifestó Paz.

Billy Navarrete, secretario para el Comité de los Derechos Humanos, sostuvo que una de las características del confinamiento y de la crisis sanitaria en el país ha sido la violación generalizada de derechos humanos, especialmente en comunidades excluidas y marginadas.

 “Es decir, las mujeres que sufren castigos y hasta pierden la vida por sus parientes, o aquella niña que es abusada sexualmente por sus parientes en casa. Esta violencia que se genera en la familia, en el interior de la casa, es la que más preocupación y perturbación sufrimos y con la pandemia eso se agudizó. Obviamente los accesos a la justicia también se restringieron por falta de atención”, refirió Navarrete.

Paz coincidió con esto. Indicó que al estar aisladas, con menores accesos de ayuda y conviviendo con sus agresores, a muchas mujeres se les imposibilitó llamar al 911 o acercarse a alguna unidad de Fiscalía para denunciar la violencia.

Ellos también concordaron en que el Estado ha fallado en gestionar y ejecutar acciones que protejan a mujeres de violencia física, psicológica y sexual en sus domicilios o espacios de trabajo.

“Se debe facilitar y mejorar el acceso a la justicia de las víctimas, porque estos procesos legales son muy angustiantes, en ocasiones revictimizantes; van encontrando obstáculos que en ocasiones hacen que esos procesos no se terminen, o que las víctimas o sus familiares de alguna manera desistan de continuarlos”, dijo Paz.

El Estado ha fallado en gestionar y ejecutar acciones que protejan a mujeres de violencia física, psicológica y sexual en sus domicilios o espacios de trabajo.

Para Navarrete, la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en el 2017, es un instrumento que debe ser aplicado de forma estricta para prevenir esta problemática.

“Hay mecanismos de prevención, habla sobre derechos sexuales y reproductivos, tiene que normarse, cotejarse con otras leyes en el ámbito educativo y crear mecanismos de prevención en ese ámbito”, dijo Navarrete.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en su Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), informó que, en diciembre de 2020, la tasa de desempleo se ubicó en 6,7% para las mujeres y 3,7% para los hombres. La tasa de empleo adecuado o pleno alcanzó un 35,8% para los hombres y 23,9% para las mujeres.

Según Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en el país existen 3,3 millones de mujeres económicamente activas. De ellas, el porcentaje de mujeres con empleo cayó del 30,1% en que estaba en el 2019 al 23,9% en diciembre del 2020. Esto quiere decir que apenas 788.700 mujeres trabajaron 40 horas a la semana y percibieron al menos el salario básico en 2020.

Sobre la brecha laboral, Paz manifestó que es clave el acceso a la educación por parte de las mujeres. “En el ámbito laboral, las leyes de trabajo hay que revisarlas y garantizar también que haya un pago equitativo y que las leyes también sean pensadas desde las ópticas de las situaciones o las circunstancias que también pasan las mujeres, como la maternidad”, sostuvo.

Luzmila Nicolalde, concejala de Guayaquil y presidenta del Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, explicó que en diciembre del 2020 presentaron junto con la Dirección Municipal de la Mujer una ruta de la eliminación de la violencia de la mujer, un sistema en el que se protege a las mujeres, niñas y adolescentes al haber sido víctimas de violencia física, psicológica o verbal.

Una de las acciones que emprende esta Dirección es la capacitación a mujeres para emprender negocios. “La dependencia económica que tienen con respecto a los hombres es una de las razones para que las mujeres sufran de discriminación y violencia”, dijo Nicolalde. (El Universo)