La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que Ecuador defina “una política clara” para atender a los presos. La entidad atribuyó la violencia del 23 de febrero a que se dejó “a la deriva la implementación de políticas públicas”. En esa ocasión murieron 79 reclusos en medio de motines en cuatro centros carcelarios.

El relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Stuardo Ralón, hizo el planteamiento. “Un enfrentamiento entre grupos carcelarios, de grupos rivales, no le quita al estado su obligación de generar las condiciones”, planteó el experto. El funcionario recordó que debe “tener todo un sistema penitenciario que cumpla con los diferentes estándares“.

El funcionario se refirió a los hechos en cuatro cárceles, con 79 reos fueron asesinados y 19 heridos por rencillas. El relator dijo que la violencia “ocurre precisamente porque se ha dejado a la deriva la implementación de correctas políticas”. El 26 de febrero la CIDH lamentó y condenó lo ocurrido en las prisiones de las provincias de Azuay, Cotopaxi y Guayas.

La comisión urgió al estado ecuatoriano a investigar las circunstancias, a identificar y sancionar a los responsables. El organismo estableció que debe “adoptar las medidas necesarias” para que “no vuelva a ocurrir”. Ralón observó “fallas estructurales” en el diseño, la aplicación y la evaluación de las estrategias orientadas al sector carcelario.

El relator manifestó que sin políticas públicas “los reclusos tienen armamento, tienen objetos ilícitos, tienen incluso control de distintas áreas de los centros carcelarios”. La Deutsche Welle señala que el presidente Lenín Moreno vinculó los asesinatos con el crimen organizado y el narcotráfico. (ADN)