Con 84 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución en la que, entre sus principales puntos, exige al presidente, Lenín Moreno, que destituya a los funcionarios relacionados con el sistema de rehabilitación social.

Ellos son Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia de la República y delegada de Lenín Moreno para presidir el directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social; el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; y el director del Sistema de Rehabilitación Social (SNAI), Edmundo Moncayo.

En otro punto de esta misma resolución, se estipula que, independientemente de la destitución de los mencionados funcionarios, la Asamblea impulsará en su contra un proceso de juicio político por incumplimiento de funciones en el marco de la seguridad ciudadana.

El proyecto de resolución fue presentado por el legislador Rodrigo Collaguazo (exPAIS), luego de escuchar las comparecencias de Pazmiño, Moncayo y del comandante de la Policía Patricio Carrillo, quienes expusieron la situación en las cárceles y los problemas que presenta el sistema de rehabilitación social en el país. Comparecencias que se dan luego de la masacre en cárceles de tres provincias del país, que dejaron 79 reos asesinados el 23 de febrero.

Los legisladores cuestionaron el manejo del sistema y que no se hayan tomado medidas preventivas para evitar esa masacre. Además, que nadie se haga responsable de lo sucedido, argumentado falta de políticas o de recursos.

Como parte de la resolución, se exige a Moreno que adopte medidas que garanticen la prevención, mantenimiento, control y restablecimiento del orden y seguridad en las cárceles, de las que piden una administración eficiente y que se diseñen procesos de rehabilitación y reinserción social de los reos de manera que se garanticen sus derechos. Adicionalmente, piden que se decrete el Estado de excepción en las cárceles del país.

Otro punto aprobado es exhortar a los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales a que vigilen y desarrollen acciones de monitoreo para que el Estado garantice una investigación pronta e imparcial de los hechos del 23 de febrero.

Por último, solicitan al Presidente que ejecute el plan nacional de seguridad ciudadana y convivencia social pacífica 2019-2030, con recursos garantizados.