Los hechos de violencia ocurridos el 23 de febrero en cárceles de tres provincias del país fueron una masacre anunciada, manifestó el especialista de Derechos Humanos Harold Burbano, represente de la Defensoría del Pueblo.

En el marco del panel virtual ‘Causas y soluciones a la crisis carcelaria del Ecuador’, organizado por el grupo parlamentario de promoción y defensa de Derecho Humanos, Burbano recordó que en 2016 el Comité para la prevención de la tortura de las Naciones Unidas mostró su preocupación por las muertes producidas en las cárceles ecuatorianas.

“Tenían una íntima relación con la falta de control y seguridad que había dentro del modelo penitenciario del país. Estas muertes no investigadas se ocasionaron por riñas internas que tenían como objetivo ganar territorio en las cárceles”, manifestó.

Agregó que en el informe emitido por el Comité para diferentes instancias del país ya se hablaba de las bandas que hoy se han visto involucradas en la última masacre, por lo que no puede quedar en la impunidad.

Los problemas

“Los centros de privación de la libertad generalmente son el basurero de la sociedad y no debe ser así. Los centros de privación, la política penitenciaria, son una muestra de cómo es la sociedad de un país”, dijo el especialista. Como problemas principales identificó una limitada oferta y acceso a actividades, insuficiente personal de seguridad, inexistentes espacios para visitas íntimas, problemas de dotación de agua potable, hacinamiento, violación del derecho a la alimentación por calidad o cantidad, entre otros. Problemas que no son solo de las cárceles menores, sino de aquellas consideradas en su momento como modelos para la rehabilitación.

En esta dinámica Burbano manifestó que, a pesar de toda la política implementada para un nuevo sistema de rehabilitación social, la realidad de las cárceles no ha cambiado. “Siguen siendo escuelas del delito. La gente que ingresa y sale de los centros de rehabilitación social sale con mayor experticia para poder generar daños a la gente”, dijo.

Otros criterios

Consuelo Bowen, especialista en Derechos Humanos, manifestó que la solución para superar la crisis penitenciaria no es militarizar las cárceles o la presencia de grupos de élite de la Policía, ya que son elementos de represión que buscan sofocar un problema de temporal, pero que no atacan las causas estructurales.

Bowen aseguró que es necesario contar con grupos de seguridad penitenciarios altamente capacitados y especializados que estén en posibilidad de manejar con criterio profesional las situaciones internas, como los amotinamientos. La especialista dijo que se debería retomar la escuela de formación de servidores penitenciarios y del grupo de inteligencia en esa materia que ayude a prevenir hechos como los que ocurrieron el 23 de febrero.

En el aspecto normativo, la asambleísta de la Revolución Ciudadana Marcela Aguiñaga dijo que es un problema estructural y que, en materia de derecho penal, pasa por un abuso de la prisión preventiva. “Los índices de encarcelamiento en el país son enormes y esta tendencia sigue, lo que ha permitido un grave hacinamiento en el sistema de rehabilitación social”, dijo. Aguiñaga sugirió que la solución a la crisis carcelaria debe ser estructural, más aún después de la pandemia.

“Se debe trabajar en el aspecto normativo atendiendo y entendiendo que la lógica punitivista nada ayuda a la solución de delitos que se cometen en nuestra sociedad, sino que, por el contrario, aumenta la población carcelaria en esos centros que, como vemos, se han convertido en bodegas de seres humanos”, dijo la legisladora. (Ecuador en vivo)