De una muestra de 26 casos  de corrupción revelados en el último año, durante la epidemia de COVID-19, apenas dos cuentan con sentencia, según los registros de la función judicial revisados por este Diario hasta el pasado 23 de febrero, lapso en que este virus ha ocasionado la muerte de más de 15.000 personas en el país.

Una de las sentencias se dio por fraude procesal, por el intento de fuga de Daniel Salcedo, cuya avioneta, de propiedad de Alfredo Adum, se accidentó en Perú; en otro caso se sentenció a un israelí por enriquecimiento ilícito, pues se le hallaron $ 312.000, que él atribuyó a la venta de pruebas rápidas de COVID-19 negociadas con Jacobo Bucaram Pulley.

Del resto de procesos, cinco  están en etapa de instrucción fiscal, once en audiencia preparatoria de juicio, dos en juicio y seis en indagación previa. Ahí constan los casos de delincuencia organizada en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y de Durán (IESS), y del Guasmo (Ministerio de Salud); por  peculado en el Municipio de Quito y en su empresa de Agua,  en el Cuerpo de Bomberos de Daule; y por  tráfico de influencias en la Prefectura del Guayas, en Infectología o en la Secretaría de  Riesgos.

En total, hay más de 150  investigados en estos 26 casos revisados, 45  detenidos, el resto goza de libertad, usa grillete electrónico (como el alcalde de Quito, Jorge Yunda), o tienen  arresto domiciliario (Adum, Jacobo Bucaram o Paúl Granda, expresidente del IESS).

La mayoría de casos está en Guayas (18), Pichincha (5), Los Ríos, Santa Elena, Orellana.Las cifras que muestra la Fuerza de Tarea creada por la Fiscalía resume 24 ‘casos de conmoción social’ hasta diciembre, 139 allanamientos, 101 detenidos, 348 investigados, 59 procesados y 0 sentenciados o llamados a juicio.

“El sentimiento de la ciudadanía es de impunidad”, dice indignado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sobre la actuación de fiscales y jueces en las causas ligadas a la pandemia. Esta organización también hace veeduría a través de su Observatorio Judicial.

Nos decepciona por completo... tiempos muy ágiles en unos casos y absolutamente retardados para otros, sin que haya un resultado real de lucha efectiva contra la corrupción

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

La misma ‘desilusión’ tienen veedores que, pese a trabas, críticas, o incluso amenazas, se han pasado un año denunciando compras -la mayoría por contratación directa o emergencia- con sobreprecios, tráfico de influencias, direccionamientos de contratos y otras irregularidades en el manejo de unos $200 millones en recursos ciudadanos destinados a la emergencia sanitaria.

Algunas denuncias han sido recogidas por el Servicio de Contratación Pública, Sercop, que en el 2020 recomendó  declarar ‘desierto’ los procesos de 383 compras de bienes o servicios. En 47 ocasiones las entidades no le hicieron caso.

“Da indignación, porque yo soy afiliado al Seguro Social, es decir que solo hay justicia para el pobre, pero siguen habiendo muertos producto de estos negociados en las medicinas”, dice Francisco Zambrano, presidente del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y veedor en hospitales del IESS de Guayaquil; mientras que Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, recalca: “La función judicial le debe mucho al país, porque le ha faltado habilidad para actuar frente a casos gravísimos..., le deben todos, Fiscalía, Asamblea”.

Que se roben medicinas no es cualquier robo, dice César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Guayaquil y miembro de la comisión Anticorrupción en Guayas. “No es robarse una cartera o celular, es un atentado contra la vida, y así debe ser tratado por el sistema  de justicia”.

Es más, agrega Manuel Defás,  del Observatorio de Seguridad Social, “son crímenes de lesa humanidad, porque son cometidos contra la salud y han provocado muertes”. Defás cuenta que ha puesto unas 25 denuncias en Fiscalía, Contraloría y  autoridades del IESS, “pero prácticamente se puede decir que van al archivo”.

Lamentablemente, explica la  coordinadora de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía, Ivonne Proaño, “la ciudadanía, en el tema de hecho-resultado, no comprende que hay procesos que debemos respetar”. Y menciona las etapas de instrucción fiscal, que dura tres meses, y si hay una vinculación, un mes más. “Luego hay que esperar el tiempo en que el juez nos dé la fecha para la audiencia, y si las dilaciones de los abogados vienen, que se enfermó por covid, no se dan las audiencias, se suspende un mes,  eso dilata”, justifica.

En  2020, según el Consejo de la Judicatura, han ingresado 5997 procesos por delitos contra la administración pública y se han resuelto 4993. Pichincha tiene más causas (917), seguido de Guayas (748) y Azuay (486).  En el 2020 la Judicatura recibió 408 mil procesos.

 

En contraste, pocas son las sanciones: 46 en 2020 versus 74 en 2019, pues, tras una reforma, ahora se requiere la aprobación de un juez para iniciar procesos disciplinarios a funcionarios  por negligencia, dolo o error inexcusable.

De 163 peticiones, apenas 5 nos han concedido: en el caso de jueces tres declaratorias judiciales previas, una de fiscales y una de un defensor público, entonces casi es nada frente al volumen de referencia

María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura

En lo judicial, admitió, se han cometido errores de la Fiscalía y de la Judicatura. “A veces los fiscales se abstienen de acusar, las investigaciones no son suficientes,  los fiscales solicitan la sustitución de medidas, como en el caso Abdalá Bucaram, el arresto domiciliario en virtud de la edad”.

Mauricio Alarcón, en cambio, tiene otra mirada. “Muchas veces las actuaciones, tanto Fiscalía como jueces, obedecen más al protagonismo mediático de una causa antes que a hacer justicia; si no veamos casos como el de Paúl Granda y Alexandra Ocles y los alimentos con sobreprecios, mucho ruido al inicio y luego las cosas se van diluyendo”.

 

En 2020 el Consejo de Participación Ciudadana abrió 108 veedurías, varias a contratos en pandemia. “Hacemos investigación y acompañamos en este ejercicio de fiscalizar de los ciudadanos, pero no tenemos potestad para sancionar”, dijo la presidenta Sofía Almeida.

Con una enfermedad catastrófica, la corrupción duele más. Cristina Freire, vocera de 4000 pacientes que requieren diálisis en Guayas, Loja y El Oro, no entiende cómo se les deben 14 meses de tratamientos ($80 millones), mientras que se desvían dineros.  “Dicen que no había recursos para asignarnos, pero se beneficiaba a otros con sobreprecios. No hay coherencia”. (I)

María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura:  Somos órgano de control, no juzgadores

El Consejo de la Judicatura creó una mesa anticorrupción el 13 de enero  para,  según explica su presidenta María del Carmen Maldonado, identificar  los nudos críticos que se presentan en los procesos judiciales.  No obstante, su competencia es de control, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

“No nos convierte en juzgadores ni nos permite sancionar por aspectos jurisdiccionales”, aclara. Esta mesa se instala el último miércoles de cada mes con los delegados de la Defensoría del Pueblo, Corte Nacional de Justicia,  Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Unidad de Análisis Financiero y Económico,  entre otros. 

La Fiscalía, que también fue convocada, se excusó de integrar esta iniciativa porque argumentó que ya tienen una instancia a cargo de ese tema. “Si esa autoridad cree que sola puede luchar contra la corrupción, pues ya respetamos ese criterio.

Nosotros siempre llamaremos a la unidad”, refiere Maldonado y añade que la Judicatura también dará seguimiento a los casos de femicidio, a los términos y plazos que se toman en las diferentes etapas procesales. (I)

Fiscal Ivonne Proaño: Esta corrupción aumentó trabajo de Fiscalía

La fiscal coordinadora de la Fuerza de Tarea que creó la Fiscalía General del Estado, Ivonne Proaño, dijo sentirse indignada por los casos de corrupción ligados a la pandemia.

Proaño expresó su opinión personal y contó que le causó “un gran impacto, porque el momento que vivía el país era para aunar esfuerzos y apoyarnos como ciudadanos, como seres humanos, y esta corrupción incrementó nuestro trabajo”.

A pesar de la disminución del presupuesto, la Fiscalía ha continuado su trabajo adaptándose a la nueva realidad y muchos de los funcionarios acuden a las oficinas “porque no es fácil llevar una investigación telemáticamente”, explicó.

“Estamos en la lucha y la fiscal general sostiene y mantiene: hemos trabajado 24 horas, siete días a la semana”. Proaño destacó la colaboración del Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de Análisis Económico y Financiero.

Con corte al 31 de enero,  la Fuerza de Tarea emprendió en total  83 investigaciones previas y 13 instrucciones fiscales; realizó 153 allanamientos e investiga a 432 personas. (I)

 

 

Compras por $ 217 millones  en pandemia

En el primer año de la pandemia por  COVID-19,  las instituciones públicas han destinado $ 217 millones en compras de insumos para enfrentar el  virus, que registra 274.673 contagiados  y 15.536 fallecidos en el país, según el Ministerio de Salud (MSP) al 21 de febrero.

El mayor rubro se invirtió en equipos de protección (guantes, batas, mascarillas y trajes), por $ 41 millones; en reactivos y pruebas, $ 21 millones;  en kits de alimentos, $ 20 millones; en fármacos e insumos, $ 16 millones; en la construcción de bóvedas, $ 8,8 millones, según el Servicio de Contratación Pública. 

Este portal, al 19 de febrero, reportaba $ 321 millones en contratos, pero $ 104 millones no corresponden a la pandemia sino a pólizas de seguros.

La mayor asignación de recursos se dio en el primer semestre de la pandemia. De marzo a agosto se contrató por $ 210 millones y de septiembre a febrero, $ 7 millones. De las diez entidades que más contrataron, solo tres hicieron nuevas adjudicaciones en los últimos seis meses: MSP compró bolsas para cadáveres por $ 271.215; el hospital Teodoro Maldonado Carbo, reactivos por $ 125.000; y el hospital de Machala, trece compras más por $ 474.048.   (El Universo)