Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el juez de Garantías Penales, Patricio Vidal, dictó auto de llamamiento a juicio contra cuatro miembros de una presunta banda delictiva dedicada a la explotación sexual con fines de prostitución y pornografía infantil, que reclutaba adolescentes y las obligaban a tener relaciones sexuales al interior de un hotel ubicado en el Guasmo Sur, en el suroeste de Guayaquil.

En la audiencia preparatoria de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Sur Valdivia, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Yoli Pinillo Castillo, presentó como elementos de convicción: las direcciones IP de computadores y celulares incautados, las pericias de redes sociales de los dispositivos electrónicos, los informes de vigilancia autorizada por autoridad competente (por la naturaleza del delito investigado), las pericias de audio y video de cámaras de seguridad del hotel y residencia de los procesados, y los informes de las unidades Antisecuestro y Extorsión (Unase) y la Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), de la Policía Nacional.

El juez Patricio Vidal acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Julio Bryan L. T., mientras que para Sharyn Briggitte S. A., Jose Antonio O. Ch. y Mauro Antonio S. R. dispuso el arresto domiciliario, por el período de lactancia de la mujer y por ser adultos mayores, respectivamente.

Fiscalía junto a Unase y Dinapen ejecutaron un operativo en varios puntos de Guayaquil, donde –según denuncias presentadas a fines de mayo de 2020– un grupo delictivo se dedicaba al reclutamiento de adolescentes y mujeres jóvenes con promesas de trabajo, actividad que promocionaban en redes sociales como Messenger y Facebook.

Una vez que enganchaban a sus víctimas les ofrecían remuneraciones de hasta 200 dólares diarios y acordaban en recogerlas a sus domicilios para llevarlas al lugar de trabajo, un hotel, donde las obligaban a tener relaciones sexuales con desconocidos y las filmaban para después amenazarlas si denunciaban el hecho, con enviar los vídeos a sus familiares y colgarlos en redes sociales.

Una vez determinados los lugares y las residencias desde donde operaban los procesados, se ejecutaron los allanamientos, en los que se ubicó a los autores de estos presuntos, procediendo a su detención.

En coordinación con la Gobernación del Guayas, se procedió a la clausura del establecimiento donde ocurrían los hechos.

Fiscalía identificó a cuatro presuntas víctimas adolescentes agredidas, cuyas edades oscilan entre los 13 y 16 años.

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 91, inciso primero, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito trata de personas con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.