Fiscalía procesó, por el delito de asesinato, a una de las personas privada de libertad (PPL) que habría participado en los hechos violentos suscitados la mañana del martes 23 de febrero en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Zonal 8 de Guayaquil, que dejó como saldo treinta y siete reclusos fallecidos y más de una veintena de heridos, entre internos y policías.

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, desarrollada la mañana de este miércoles en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, el fiscal Julio Sánchez Mera presentó los elementos de convicción recaudados, que harían presumir la participación del procesado y su responsabilidad penal en el hecho.

Entre estos elementos constan el parte de aprehensión, las actas de levantamiento de cadáveres realizadas en el CPL, versiones de los familiares de las víctimas y las armas de fuego, cuchillos y machetes incautados, que se encuentran en cadena de custodia, y otros.

A ello se sumó la versión de los agentes de seguridad penitenciaria y efectivos de la Policía Nacional que intervinieron en los hechos, así como la versión del procesado, en la que señala su participación en el hecho y bajo órdenes de quien habría ejecutado los asesinatos.

El juez de Garantías Penales, Marco Guerra, acogió el pedido de Fiscalía y dictó una nueva orden de prisión preventiva, ahora por el delito de asesinato, contra el ya privado de libertad Javier Joel F. L., a quien dispuso, además, a través de la Dirección del CPL, continuar en el pabellón de mediana seguridad con las previsiones de ley, ya que el procesado manifestó que teme represalias y amenazas en contra suya y de su familia.

La mañana del martes 23 de febrero, varias bandas de reclusos originaron enfrentamientos en el interior de los CPL de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, aparentemente, por mantener el poder y control de las mismas.

Los hechos dejan setenta y nueve muertes a escala nacional y una veintena de heridos, entre privados de libertad y personal policial.

En Guayaquil se registraron treinta y siete muertes, por lo que la Fiscalía del Guayas abrió –de oficio– una investigación previa.

Fiscalía inició este proceso penal con base en el artículo 140, numerales 6 y 9, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.