En el marco de la continuación de la sesión 692 del Pleno de la Asamblea, este martes, 23 de febrero, se cumplió una nueva jornada de análisis del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), sobre la base del informe para segundo debate preparado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Luego de la intervención de 11 parlamentarios, de un total 18 que, hasta el momento, han formulado observaciones y aportes sobre la materia, el legislador César Solorzano, vicepresidente del Parlamento, suspendió la reunión.
Los criterios se enfocaron en la necesidad de avanzar en la consolidación de una educación de calidad y excelencia, asi como profundizar los mecanismos de prevención y protección de niños, niñas y adolescentes, a fin de eliminar toda clase de violencia, abuso sexual y hostigamiento en planteles educativos y en la sociedad en general, promoviendo la corresponsabilidad de padres de familia, maestros, alumnos y autoridades de los centros.
También, se habló de garantizar los derechos de los docentes, con salarios justos, capacitación continua y profesionalización que les permita mejorar sus condiciones de vida. Tomando en cuenta las lecciones de la pandemia, urge efectivizar la conectividad, acceso al internet y dotación de las debidas herramientas tecnológicas a la mayoría de la población, especialmente de los sectores de escasos recursos y de la ruralidad, precisaron.
Opinaron que la Constitución consagra al Ecuador como un Estado Intercultural, lo que incluso está claramente definido en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos y comunidades indígenas y otros tratados. Sin embargo, este principio sigue en construción en el país, más allá del evidente respeto a la diversidad, por lo que hay que trabajar con fuerza en este asunto, argumentaron.
En esa línea, hubo el planteamiento de que la etnoeducación afrocuatoriana sea parte consustancial del sistema nacional de educación, reconociendo, así, el gran aporte que ha dado al desarrollo nacional. Adicionalmente, se pronunciaron por hacer justicia con los maestros populares y comunitarios en su anhelo postergado de acceder a la seguridad social.
Bajo el criterio que la educación es el instrumento fundamental para la transformación social, los asambleístas destacaron que la reforma integral tiene un enfoque de derechos humanos, que garantice un proyecto de vida para la niñez y juventud. Hay que reflexionar sobre el principio de igualdad, tratando de superar los problemas estructurales del sector, añadieron.
Señalaron que es pertinente reforzar la gestión de las instituciones fiscomisionales regentadas por las Fuerzas Armadas, la Policía y los GAD municipales, pero sin que esto implique dar espacio a centros elitistas que fomenten cierta discriminación, sino que su accionar esté debidamente controlado por el Ministerio del ramo. Por último, expresaron que se require adoptar medidas para enfrentar la alta deserción estudiantil. (Asamblea Nacional)
