Hoy, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, trabajará en doble jornada. En horas de la mañana, el organismo avocará conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político a Carlos Andrés Isch Pérez, ministro de Trabajo, propuesta por las asambleístas Marcela Holguín Naranjo y Marcela Aguiñaga Vallejo, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.

Mientras, en la tarde, a partir de las 15h00, en el marco de la sesión virtual 36, recibirá a Gonzalo Uquillas, gerente General Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), quien informará sobre las denuncias en torno a presuntas violaciones de derechos laborales de los trabajadores de la referida empresa estatal.

En la sesión virtual 35, prevista para las 08h30, la Comisión de Fiscalización avocará conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político al ministro de Trabajo Andrés Isch. En este sentido, verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, es decir que el pedido reúna las firmas de, al menos, una cuarta parte de los miembros de la Asamblea (35) y que se alegue incumplimiento de funciones. También establecerá el cronograma para la sustanciación del proceso.

Inicio de la sustanciación

Una vez calificado el trámite, la Comisión notificará al funcionario sobre el inicio de este, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que, en el plazo de quince días, presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes. En el mismo acto notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que, dentro del plazo de quince días que se encuentran transcurriendo, presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.

De acuerdo con las reformas vigentes, con la contestación del funcionario enjuiciado o sin ella, se establecerá el plazo de diez días adicionales para la actuación de las pruebas, las cuales serán a costo del solicitante.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, por decisión de la mayoría simple de sus integrantes, podrá solicitar pruebas de oficio.

El organismo determinará las fechas específicas para recibir a las asambleístas solicitantes, así como al Ministro de Trabajo para que expongan las pruebas de cargo y de descargo que consideren pertinentes. Según la normativa vigente, los legisladores proponentes del juicio y el funcionario tienen un tiempo máximo de tres horas para presentar sus respectivos argumentos. (Asamblea Nacional)