Ayer, el presidente Lenín Moreno emitió su veto parcial y la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio que remitió la Asamblea en enero pasado. La medida está motivada en contar con un dictamen previo de constitucionalidad por parte de la Corte para tener seguridad de eficacia de la aplicación de la ley, así como que se realice en el marco de respeto de derechos constitucionales.

Por el veto parcial enviaron a la Asamblea textos alternativos para fortalecer la institucionalidad y también precisiones para la cooperación internacional en bienes fuera del país. Se objetaron los artículos 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, numeral 8 del artículo 68, 69, 70, 74, 75, 76 y 77; así como también las disposiciones generales segunda, tercera y quinta; las transitorias primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, décima y duodécima.

En el ámbito de la objeción parcial por inconstitucionalidad se indicó que el texto podría contener imprecisiones que no pueden ser subsanadas por Moreno, ya que podrían afectar el contenido y garantía de derechos establecidos en la Constitución.

La Corte deberá analizar la constitucionalidad de la creación de nuevas competencias y atribuciones a varias instituciones públicas, “del establecimiento de la norma procesal penal como supletoria para una acción de naturaleza civil, lo cual ha sido transversalizado en todo el proyecto”.

Sobre el principio de retrospectividad, la Secretaría de Comunicación indicó que por parte del Ejecutivo genera preocupación que el texto enviado por la Asamblea diste del alcance que tiene. Ante lo cual también se solicitó un análisis de constitucionalidad. Lo mismo pasará con la imprescriptibilidad. Según el Gobierno, para la toma de la decisión del veto se recibieron opiniones de profesionales legales, miembros de la Academia y organizaciones.