La Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), sobre la base del informe preparado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La propuesta, en la última etapa, se construyó en 24 talleres técnicos de trabajo, con la activa participación de todos los actores del sistema, y recogió 32 iniciativas de parlamentarios. Así, contempla modificaciones trascendentales al 80 % de la norma vigente, publicada en el Registro Oficial el 31 de marzo de 2011.

Tiene por objeto normar el Sistema Nacional de Educación con una visión intercultural y plurinacional, acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país. Además, articula dicho Sistema a las instancias de protección de derechos, salud, gestión de riesgos, cultura física y deportes, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.

La reforma se ajusta a la Agenda 2030 para velar porque todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, y a una enseñanza preescolar de calidad.

Reafirmando el concepto de que la educación es un derecho humano, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948) y otros instrumentos internacionales, el cuerpo legal busca actualizar y dar respuestas a nuevas realidades como la violencia y abuso sexual en los planteles escolares; falta de conectividad y acceso al internet; congelamiento de salarios de docentes, recategorización y escalafón; cultura de paz; evaluación de desempeño; calidad educativa; desarrollo profesional, capacitación y profesionalización; inclusión de personas con discapacidad; etnoeducación; maestros comunitarios y su acceso a la seguridad social, entre otros aspectos.

Prevención de la violencia

El presidente de la Comisión de Educación, Jimmy Candell, en calidad de ponente, destacó que el proyecto es el resultado del trabajo conjunto entre los 12 integrantes de la mesa y de la más amplia participación de la sociedad: padres de familia, alumnos, rectores, gremios, FESE, UNE, Red de Maestros, Frente 13 de Abril, Unesco, Organización de Estados Iberoamericanos, autoridades públicas y privadas.

Enfatizó en la definición del Sistema de Protección en las instituciones educativas, que considera la priorización de las niñas y niños, la reparación, eliminación de la violencia,  con un enfoque central preventivo, para lo cual se tomó en cuenta las recomendaciones de la CIDH en el caso Paola Guzmán.

También, puso de manifiesto el alcance del Plan Nacional de Erradicación de Violencia en el Contexto Educativo. Precisó que se fomenta un salario digno para los docentes, que arrancará de 2.5 salarios básicos unificadodos (1000 dólares); escalafón actualizado que prioriza la preparación de los maestros, experiencia y años de servicio; recategorizaciones automáticas con cumplimiento de los requisitos establecidos para cada categoría.

Dijo que la capacitación constituye un derecho de los docentes y una obligación del Estado, se debe garantizar la gratuidad de los procesos de profesionalización, las remuneraciones de los profesores estarán conforme a sus capacidades. Con el fin de impulsar la capacitación, se cuenta con la Universidad Nacional de Educación, argumentó.

En la fase del debate, en primer término intervinieron siete de los 12 miembros de la Comisión Especializada, quienes resaltaron la trascendencia histórica de estas reformas, más aún cuando se afianza el concepto de que la educación es la columna vertebral para el desarrollo de los pueblos.

También, ponderaron la importancia de la incorporación de mecanismos de prevención de la violencia escolar, la definición de un plan de educación sexual integral, así como el establecimiento de mecanismos alternativos de resolución conflictos; la tipificación de la violencia escolar, acoso escolar y hostigamiento académico, a fin de que este tipo de actos no se repitan jamás.

Igualmente, hablaron de la reivindicación de los derechos de los maestros que constituye una deuda pendiente del Ecuador con el Magisterio en su conjunto. Puntualizaron que es fundamental la entrega oportuna de los recursos económicos  suficientes para hacer realidad la calidad educativa y, lo más importante, la asignación del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) a favor del sector. El presidente de la Asamblea, César Litardo Caicedo, informó que existen al momento 21 peticiones de intervención en el segundo debate de las reformas a la LOEI, por lo que suspendió la sesión, la cual continuará la próxima semana.