El primer y segundo debate de los proyectos Reformatorios a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica; y Ley Orgánica de Educación Intercultural, respectivamente, son los temas que constan en la continuación de la sesión 692 del Pleno, en modalidad virtual, convocada por el titular de la Asamblea Nacional, César Litardo, para el jueves 18 de febrero de 2021, a las 11h00.
Los legisladores tratarán en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, sobre la base del informe preparado por la comisión de Desarrollo Económico que, entre otros aspectos, determina la obligación de las empresas eléctricas de distribución y comercialización de recaudar la tasa por el servicio de recolección de basura.
Según la propuesta, el valor de la tarifa por la prestación del servicio de energía eléctrica estará claramente diferenciada del valor de terceros, esto es, la tasa de bomberos o la tasa por el servicio de recolección de basura. De esta forma, los usuarios tendrán claro el valor correspondiente al servicio de energía eléctrica y la tasa de recolección de basura.
De forma previa a este procedimiento, el GAD interesado deberá entregar un estudio técnico de fijación de tasas sustentado y que haya sido debidamente socializado. En ningún caso podrán estar indexadas directa ni indirectamente a las tarifas del servicio público de energía eléctrica.
Educación Intercultural
En cuanto al segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el texto, preparado por la mesa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se hace hincapié en el cambio sustancial del sistema educativo en temas como la protección integral que contiene los mecanismos de prevención, atención, exigibilidad y reparación de actos de violencia; y se fijan alternativas para la solución de conflictos en el ámbito educativo.
Se establece una escala remunerativa justa, modelo de orientación vocacional y profesional, educación en artes, así como garantiza los recursos para el financiamiento del sector educativo.
Se pone atención especial en consolidar una jornada de trabajo de ocho horas; procesos de sectorización y traslado del docente; capacitación, profesionalización gratuita. Esto, sin dejar de reconocer a los maestros populares y comunitarios que podrán acceder a la seguridad social y los demás beneficios que la ley les ampara, derechos que han sido vulnerados durante décadas.