Los legisladores que fueron electos y reelectos para el periodo 2021-2025 ingresarán a la Asamblea Nacional con nuevas reglas, aprobadas por los asambleístas del actual periodo, en los ámbitos de legislación, fiscalización y autodepuración.

Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) fueron aprobadas en octubre del año pasado, siete meses antes de que termine el periodo 2017-2021, con el voto favorable de 116 asambleístas, tras los hechos de corrupción en los que se vieron envueltos varios asambleístas y el deterioro de la imagen del Legislativo.

En el ámbito de la autodepuración, las reformas crean un Comité de Ética que en este periodo ya está en funciones y que conocerá y sustanciará las denuncias contra los legisladores con sanciones que llegan a suspensión de remuneración, destitución con impedimento de ejercer cargo público por dos años.

El actual vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Patricio Donoso, de las filas de CREO, agrupación que logra al momento diez curules, explica que la reforma también incluye que los asambleístas tendrán que presentar la declaración de su impuesto a la renta (IR) de dos años antes de su posesión y un certificado del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

 “Estas reformas se hicieron, básicamente, por aquellos asambleístas inmersos en los casos de corrupción, hay unos cuantos procesos que están en la Fiscalía (...) ¿Por qué lo hicimos? porque es necesario que se depure de forma oportuna, por ejemplo, los temas de los carnés, los hospitales, los diezmos”, manifestó Donoso.

Sobre los procesos de fiscalización, ya no queda a discreción de los miembros de la Comisión de Fiscalización, que además no formarán parte de ninguna otra comisión permanente de la Asamblea, el que siga o no el juicio político contra determinado funcionario, sino que, obligatoriamente, la definición pasará al pleno de la Asamblea.

Además, los plazos se reducen y un juicio político se podría resolver en un periodo de 30 a 45 días, y no demorar meses como ha pasado en este periodo legislativo con los juicios contra varios ministros de Estado.

La asambleísta reelecta Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática (ID), partido que hasta el cierre de esta edición lograba entre 17 y 18 curules, indica que los juicios políticos ya no estarán sometidos a los acuerdos o a la subordinación que pueda tener la Asamblea Nacional frente al Ejecutivo.

“Es un cambio fundamental, porque había un acuerdo, una mayoría en la Comisión de Fiscalización y se dormían ahí los juicios y ahí viene todo este toma y daca y estos actos bochornosos, esa manipulación, hoy no lo podrán hacer”, agregó Andrade.

En cuanto a los cambios constitucionales, la reforma confirma que la enmienda sea aprobada con mayoría calificada, con dos tercios del total de asambleístas, y la reforma con mayoría absoluta, con la mitad más uno del pleno.

Respecto a estas reformas legislativas, Luisa González, asambleísta electa de Manabí por la Unión por la Esperanza (UNES), que representa al correísmo y alcanza cerca de 50 curules, señala que uno de los retos de este nuevo periodo es volver a darle institucionalidad a la Asamblea y, para ello, ya empezaron las reuniones entre los asambleístas para analizar las reformas legislativas.

“No volver a esa Asamblea que está tan desprestigiada (...) hay que ser un poco más duros y la ciudadanía tiene que empoderarse también que si los representantes que envía a la Asamblea no están cumpliendo con las razones por la cual están ahí y cobrando un sueldo con los fondos del Estado, sí deben ser sancionados y removidos del cargo, pero eso mismo se ha prestado para la persecución política”, dijo González.

En tanto, Piter Calo, asambleísta electo de Cotopaxi por Pachakutik (PK), que captó alrededor de 27 curules, expresó que revisarán y analizarán las reformas y si la normativa está en contra de personas corruptas estarán de acuerdo, con el fin de evitar “los pactos de corrupción”. (El Universo)