Los cinco pedidos de juicio político en contra del ex ministro de Finanzas, Richard Martínez, calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), en septiembre de 2020, pasarán a la Comisión de Fiscalización, y serían tramitados antes de conocer tres peticiones de interpelación en contra de los ministros de Trabajo, Andrés Isch, y de Salud, Juan Carlos Zevallos.

El juicio contra Martínez lo presentaron los legisladores: Juan Lloret y Yofre Poma (RC); Vicente Taiano (PSC); Jimmy Candell (BIN); y, Raúl Tello (BADI).

La acusación transversal en el proceso contra Martínez, es incumplimiento de funciones; alrededor de ello, los acusadores afirman que el funcionario no asignó recursos económicos para los gobiernos autónomos descentralizados; incumplió en el pago de los incentivos a los jubilados del magisterio; afectó al presupuesto del sector educativo tanto al sistema inicial, básica, bachillerato y universitario; también lo responsabilizan de un supuesto mal manejo en las asignaciones presupuestarias para atender la crisis sanitaria provocada por el COVID-19; y además, cuestionan que manejó mal el proceso de pago de la deuda externa.

Los pedidos de juicio político fueron calificados por el CAL, el 21 de septiembre de 2020, pero no se notificó a la Comisión de Fiscalización, y según se conoció en la presidencia de la Asamblea, la próxima los procesos pasarían a manos de los miembros de la comisión para su procesamiento. Una vez calificado el juicio por el CAL, Martínez renunció al cargo el 7 de octubre, tras acompañar en el gobierno de Lenin Moreno, por dos años cuatro meses.

La Comisión de Fiscalización deberá concluir con el proceso de juicio político contra Martínez, para poder iniciar el trámite de una nueva solicitud de juicio ya sea contra Andrés Isch o en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, si las solicitudes de interpelación cumplen con los requisitos.

Una disposición aplicada a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobada por la Asamblea y vigente desde diciembre pasado, determina que si durante el proceso de sustanciación de un juicio político, el Consejo de Administración Legislativa remitiera una nueva solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso al interior de la comisión.

Por lo tanto, la Comisión de Fiscalización podrá tramitar un juicio político a la vez, evacuarlo el que está en curso y luego conocer una nueva solicitud de interpelación.

Tres solicitudes más de juicio

En la Asamblea Nacional se tramitan tres solicitudes de juicios políticos una presentada el 13 de diciembre en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch, y dos en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, planteadas en el presente mes, ambos acusados de incumplimiento de funciones.

Al momento, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), espera un informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), respecto al cumplimiento de requisitos y presentación de las pruebas respectivas.

El pedido de juicio en contra del ministro Isch, lo presentó la asambleísta Marcela Holguín (RC), con respaldo de 36 firmas y lo acusa de abrogarse funciones al mal interpretar la Ley de Apoyo Humanitario, en lo relacionado a la aplicación del caso fortuito y fuerza mayor como causal de despido de los trabajadores, que según la Ley está condicionada al cierre total y definitivo de una empresa. La interpretación de la Ley, a criterio de la legisladora es una facultad exclusiva de los asambleístas.

También lo acusa de la privación de garantías tanto legales como constitucionales a los trabajadores de la empresa Explocen, relacionado con la reducción de la jornada laboral.

Los dos juicios planteados por los asambleístas Ángel Sinmaleza (IND) y Pabel Muñoz (RC), en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, fue el último en conocer el CAL y remitir los expedientes a la UTL, para el informe sobre cumplimiento de requisitos.

Las acusaciones tienen relación con incumplimiento de funciones en la compra de vacunas para el COVID-19, mal manejo en el plan nacional de vacunación contra el coronavirus; mal uso de recursos y tráfico de influencias en el proceso de distribución de las vacunas; insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas; no transparentar el número de muertos en exceso, y desvinculación del personal de salud. También está acusado de una fraudulenta entrega de carnés de discapacidad que involucraría a asambleístas. (El  Universo)