La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología apoya la resolución que sugiere al Pleno priorizar el tratamiento del informe de segundo debate del proyecto de reforma integral a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), mismo que se analizará este martes, en la sesión 691. Incluso, oportunamente, la mesa remitió una comunicación a la autoridad del Parlamento, a fin de que se agilice la discusión y aprobación de esta importante temática.
La asambleísta Jeannine Cruz, presidenta subrogante del organismo, dijo que este transcendental asunto ya se incluyó en el orden del día de una de las sesiones del Pleno, pero por diversas circunstancias no se llegó a tratar. El sector educativo de nuestro país exige su aprobación final, más aún cuando la normativa garantiza los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como del Magisterio en su conjunto, destacó.
Prevención y protección
Manifestó que uno de los ejes centrales es la implementación de un sistema de prevención y protección de la niñez y adolescencia frente a casos de violencia y abuso sexual en el ámbito escolar, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó la atención al Estado ecuatoriano y le exhortó a definir, justamente, protocolos de prevención en esta materia.
Lamentablemente, ciertas entidades como la Fiscalía y el Ministerio de Educación no dieron seguimiento, ni transparentaron la información y guardaron silencio sobre alrededor de mil casos de violencia y abuso en los planteles educativos. En tal sentido, la reforma buscar evitar que se repitan actos dolorosos de esta naturaleza.
Salarios
Otro punto fundamental es la mejora de los salarios de los docentes, que no han sido revisados en 10 años, además está una justa recategorización y escalafón, a lo que se suma la protección de los maestros ante posibles acciones de acoso laboral. También, consta la disposición para garantizar los derechos de los educadores comunitarios y populares, resaltó.
Enfatizó que proyecto aborda cambios sustanciales al 80 % de la Ley actual, la cual entró en vigencia y aplicación en 2010. La propuesta se construyó con la participación de cerca de 40 actores del quehacer educativo: academia, gremios de maestros de todas las provincias, dirigentes estudiantiles, padres de familia, organizaciones internacionales como la ONU y Unicef, entre otros, alcanzando un amplio consenso, en talleres y mesas de trabajo, sostuvo.
Balance
Al evaluar su gestión como presidenta subrogante, Jeannine Cruz Vaca, indicó que, en primera instancia, se definió una agenda hasta mayo. Puntualizó que se analizaron las reformas a la Ley de Cultura, en torno de la situación de ciertos bienes inmuebles patrimoniales; la obligación del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a favor de los maestros comunitarios, para cuyo efecto se estableció una mesa técnica orientada a validar los resultados del catastro. Asi mismo, se hizo una profunda revisión de la problemática del sector educativo durante la pandemia, añadió. También, recordó el diálogo con representantes de conservatorios y colegios que cuentan con el bachillerato internacional sobre la sentencia de la Corte Constitucional respecto de la vulneración de derechos. (Asamblea Nacional)