En la Comisión del Derecho a la Salud, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, informó que su solicitud, al Presidente de la República, de destitución del ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, obedece a un conflicto de intereses y falta de transparencia en la gestión pública en la distribución y entrega de la vacuna contra el COVID-19.
Aseguró que han recibido una serie de denuncias sobre la irregularidad y falta de transparencia en los procesos de asignación y distribución de las primeras dosis de vacunas, en donde no se encontraban el personal médico que atiende en primera línea y en su lugar estaba personal administrativo.
Paralelamente, dijo, han presentado a la Fiscalía una denuncia por tráfico de influencias y por peculado. Argumentó que el Ministro designó una brigada médica del hospital Pablo Arturo Suárez para que vaya a vacunar a la residencia privada de adultos mayores que forma parte del Hospital de los Valles (no considerado en un primer listado oficial). Utilizó bienes y recursos del Estado y a funcionarios para un tema particular. Esto preocupa severamente por la discrecionalidad y privilegios con los que se estaría aplicando el plan de vacunación, advirtió.
La residencia de adultos mayores informó que 18 personas recibieron las vacunas: 9 residentes (de un total de 67 personas); y 9 que atienden o son de cuidados.
El funcionario, tras mencionar que han recibido información muy escasa sobre el plan de vacunación, aseguró que cuando atañe a derechos ciudadanos es una información completamente pública. Aclaró que para que sea información reservada esta debe ser previamente declarada un acto administrativo y encontrarse en el estado índice que el propio Ministerio de Salud Pública debe entregar a la Defensoría del Pueblo de cuál es el tipo de información reservada.
Dijo que es completamente falso que se trata de un acuerdo de confidencialidad suscrito con la empresa Pfizzer, porque si ese acuerdo hace alusión a los términos de contratación de las vacunas, lo que jamás se podría llegar a tener es una confidencialidad del plan de vacunación, porque este es un tema de política y salud pública que debe ser conocido por todos los estamentos e instituciones públicas y obviamente por la ciudadanía en su conjunto.
“Justamente bajo estas categorías de confidencialidad, reserva, de acuerdos confidenciales con Laboratorios Pfizzer es que existe opacidad de la información pública que no nos ha permitido determinar cuántas dosis fueron contratadas, fecha tentativa de cuando podrían llegar las próximas vacunas y en función de ello empezar con el proceso de vacunación”.
“Urge de manera imperiosa que el Ministerio de Salud informe al país y a la Asamblea Nacional cuál es el proceso, plan de vacunación, cómo está estructurado, a qué centros se va a entregar, pero sobre todo, cuáles son las personas beneficiarias, para justamente, evitar se trastoque el plan de vacunación” apostilló.
Adicionalmente, el Defensor del Pueblo informó que ha presentado la acción de incumplimiento a la Corte Constitucional, por la falta de entrega de información pública sobre los carnés adulterados de las personas con discapacidad.
En este marco, el legislador Ángel Sinmaleza resaltó el trabajo de la Comisión en la investigación y fiscalización a los carnés de discapacidad; en el cumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario para la estabilidad del personal de salud que atendió en primera línea; y en el plan de vacunación contra el COVID-19. Recalcó que el ministro ha incumplido con la entrega de nombramientos dispuesto en la Ley de Apoyo Humanitario y en transparencia de información sobre el plan de vacunación.
La asambleísta Patricia Henríquez sostuvo que no puede haber información reservada en un plan público de vacunación y falta de medicación en los hospitales para enfrentar el COVID-19. Aseveró que a su provincia habrían llegado 240 vacunas, pero no existe información completa porque el Ministerio de Salud no autoriza que se haga pública.
Por último, el presidente de la Comisión, William Garzón, pidió al Presidente Subrogante de la Asamblea Nacional ponga en la agenda del Pleno de la Asamblea el informe del proceso de investigación de los carnés de discapacidad, en donde además se recomienda el juicio político, por la cantidad de irregularidades y vulneración de derechos cometidos. (Asamblea Nacional)
