La Comisión de Desarrollo Económico recibió al ministro de Energía y Recursos no Renovables, René Ortiz, para que informe sobre los procesos de concesión, monetización y delegación de los activos de los sectores estratégicos en materia de energía eléctrica e hidrocarburos.

El presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, sostuvo que es necesario que los ecuatorianos conozcan cómo avanzan los procesos, cuáles son los activos que serán concesionados y cuáles se van a privatizar, por lo tanto, es prioritario un proceso de sociabilización con la sociedad, expresó.

Así mismo, dijo que es el peor momento para concesiones por la situación económica que vive el país y el mundo. También cuestionó que los procesos se realicen cuando apenas faltan cuatro meses para que termine el Gobierno.

Respuesta oficial

El Ministro de Energía, en su intervención, remarcó que la optimización de los activos industriales tiene que ser percibida como la oportunidad de innovar tecnológicamente los mismos, aprovechando las oportunidades financieras y para cubrir temporales déficits fiscales.

En su pronunciamiento mencionó a detalle la gestión del Ministerio a su cargo, el cual se sustenta en tres sectores: minería, hidrocarburos y electricidad, fundamentales para la economía del Ecuador, advirtió.

Luego, le cedió la palabra al viceministro de Electricidad, Hernando Merchán, quien indicó que el Gobierno, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Maestro de Electricidad, impulsa el avance de nuevos proyectos energéticos, con el fin de garantizar el abastecimiento de energía en el corto, mediano y largo plazo.

Mencionó que el Ministerio ha identificado 11 proyectos de infraestructura eléctrica que pueden ser ejecutados a través de la participación privada, con una inversión aproximada de 9800 millones de dólares y una capacidad instalada de 6300 MW.

De su parte, el viceministro de Hidrocarburos, Rubén Espín, expuso tres proyectos: Campo Sacha, Refinería Esmeraldas y Terminal Marítimo de Monteverde. De la Refinería de Esmeraldas apuntó que la delegación conjunta no es privatización. “La Refinería es y sigue siendo de propiedad del Estado ecuatoriano”, puntualizó.

Otras voces 

Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, recalcó que desde 1986 la central la Hidroeléctrica Paute y, más tarde, Mazar y Sopladora han dado riqueza al país; sin embargo, eso no se refleja en los beneficios que, por ley, deberían tener en esos espacios territoriales. Resaltó que en una reunión con el Ministerio de Finanzas y la Corporación Eléctrica del Ecuador se informó que hay más de 50 millones de dólares que deberían ser entregados a los territorios donde están las centrales hidroeléctricas, pero no se ha hecho efectivo.

Una preocupación adicional, dijo, es la concesión de Sopladora cuando existen deudas pendientes con los municipios en la Regional 6.

César Plaza, representante de los trabajadores de las empresas que entrarían a concesión, sostuvo que están preocupados por el futuro de sus familias. Pidió al ministro explicación sobre qué beneficios traerán las nuevas concesiones al país. Indicó que en 1999 ya se entregó el sector eléctrico a manos privadas y fue un caos, ahora los trabajadores no quieren que se repita la historia.

Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), señaló que el cambio de modelo de concesión no puede hacerlo el Presidente de la República por decreto, apuntó que la Corte Constitucional ya aceptó una demanda de inconstitucional presentada por dicha Central, por lo tanto, el Ejecutivo debería frenar cualquier intento hasta que la Corte se pronuncie.

Jorge Cevallos, representante de los trabajadores de Petroecuador, cuestionó que en los procesos de concesión no se hable de la estabilidad de los trabajadores. Remarcó que no se “pueden rifar los bienes que le pertenecen al pueblo ecuatoriano”.

Pronunciamiento asambleístas

Los legisladores Doris Soliz, Fernando Callejas, Carmen Rivadeneira, Rubén Bustamante, Jeannine Cruz, Alberto Arias, José Serrano y Esteban Albornoz plantearon varias interrogantes sobre procesos de privatización, por qué se dan concesiones de última hora, plazos, cuál es el argumento legal de concesión de las empresas públicas, por qué no han sido invitados, para mayor transparencia, la ciudadanía, los trabajadores y los asambleístas.

También se consultó si hay cronograma para Sopladora, Coca Codo, Termo Gas Machala y si tras la adjudicación de Villonaco II, III y Aromo estos valores son fijos o están indexados a la inflación.

El ministro de Energía, respondió que hasta el momento no se ha firmado un solo contrato. “Se va respetar la Constitución y se hará un proceso transparente”, señaló.  En cuanto a las solicitudes de los trabajadores dijo se respetarán sus derechos.

El secretario de Estado informó que las respuestas a las otras interrogantes planteadas por los asambleístas las hará llegar por escrito. 

La Comisión dejó claro que durante la comparecencia no se solventaron las inquietudes, por lo tanto, enviarán por escrito las preguntas con el fin de encontrar respuesta y ejercer control político. (Asamblea Nacional)