Con el voto favorable de 121 asambleístas y 4 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución con la que exige al presidente Lenín Moreno la destitución del ministro de Salud, Juan Carlos Cevallos y apoya impulso de un juicio político en su contra por incumplimiento de funciones en el proceso de vacunación contra el COVID-19.
Las resolución aprobada surgió de la fusión de dos proyectos presentados por Doris Soliz (RC) que pedía la comparecencia del funcionario para que informe sobre la vacunación, y por Rodrigo Collaguazo (IND) que propuso exigir la destitución al presidente de la República y el apoyo al juicio político.
Los a asambleístas también piden a la Fiscalía General del Estado inicie la investigación de oficio de las denuncias fundamentadas de irregularidades en el manejo de medicamentos, vacunas y demás hechos relacionados.
Además, declara como información pública y desclasifica toda aquella relativa al manejo de la pandemia y la compra y manejo de las vacunas y exigir total transparencia a las autoridades y servidores públicos. Esto, porque el ministro Zevallos señala que estos datos son confidenciales.
En la resolución también se requiere las comparecencias de Zevallos y del ministro de Economía Mauricio Pozo al Pleno de la Asamblea para que informen sobre todos los detalles sobre proceso de vacunación en el país y su inversión.
Durante las intervenciones en el Pleno, William Garzón (AP), Carlos Ortega (AP), Elizabeth Cabezas (AP), Ketty Cabrera (CREO) y Max Íñiguez (RC) sugirieron incluir otras causales de posible juicio político por los carnés de discapacidad y también por el trato a los migrantes.
Además, varios asambleístas hicieron alusión a la vacunación al geriátrico privado frente al Hospital de los Valles que fue dirigida por el mismo ministro y mencionaron que existiría tráfico de influencias, pues no sería un geriátrico sino un lugar de residencia, donde vivirían familiares de Zevallos.
Freddy Alarcón (PSP) señaló que el derecho a la salud no es un derecho de unos pocos, que se ha visto el pésimo y oscuro manejo de la pandemia y que el ministro debe ser destituido. Ximena Chacgton (RC) aseguró que el lugar donde dirigió la vacunación Zevallos no es un centro geriátrico, son departamentos que se rentan o alquilan por $800 mensuales y preguntó si eso no es peculado y tráfico de influencias, por lo que apoyó que también se pidan acciones a la Fiscalía General del Estado sobre este caso.
Ángel Sinmaleza (SUMA), quien anunció que envió del documento para presentar una solicitud de proceso de juicio político contra Zevallos al correo de los asambleístas, manifestó que el ministro de Salud ha utilizado su cargo para beneficiarse, que es necesario transparentar la información, que no ha entregado el plan completo de vacunación, la selección de personas, cómo será la implementación, preguntó por qué se niega a que hospitales privados puedan comprar las vacunas, si se pagó o no se pagó anticipo a las farmacéuticas. "Este ministro ha manejado mal la pandemia y debe ser destituido", agregó.
Tito Puanchir (PK), sostuvo que su organización también apoya el juicio político y que el proceso de vacunación tiene que ser transparente. Garzón recordó las irregularidades en los carnés de discapacidad, Ortega pidió que la resolución incorpore el rechazo al trato discriminatorio a los migrantes y que se garantice la vacuna para los migrantes ecuatorianos en el exterior. Íñiguez calificó al ministro de "indolente" porque se burla de los migrantes.
Raúl Tello (IND) agregó que la salud y la vida de los ecuatorianos está en manos de gente indolente e inescrupulosa, de quienes no tienen el más mínimo de responsabilidad para con el país, dijo que el ministro sería accionista de alguna casa de salud, preguntó si la madre del ministro es de primera línea y preguntó al presidente de la República que qué espera para separar del cargo y ponerlo a órdenes de la Fiscalía al ministro "incompetente"
En tanto, Esteban Albornoz (AP), recordó que la Asamblea puede desclasificar la información y que la comparecencia de Zevallos debería ser en el marco de un juicio político porque la ciudadanía está indignada.
Henry Cucalón (PSC) expresó que la salud no es un privilegio, es un derecho, que no se debe jugar con la esperanza de las personas, y que el ministro estuvo cuando se descubrió el "reparto de hospitales", que mintió sobre las pruebas masivas, humilló a los migrantes y por estas razones se suma al pedido de comparecencia, destitución y apoya el juicio político. (El Universo)
