Tras haber valorado los argumentos de Fiscalía, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cañar ratificó la sentencia de nueve años y cuatro meses de privación de libertad contra ocho condenados por el delito de secuestro.

En la audiencia de apelación, los jueces también confirmaron que cada uno debe cancelar 2.000 dólares a las tres víctimas y pedir disculpas públicas, mediante la publicación en un medio impreso.

Durante su intervención, el fiscal Diego Matute describió las pruebas –presentadas en audiencia de juicio– que demostraron el rol que cumplió cada uno de los sentenciados en el secuestro de tres personas que laboraban en una cooperativa de ahorro y crédito: el jefe de la agencia de Suscal, un funcionario de la sucursal de Azogues y el interventor.

El hecho ocurrió en marzo de 2015, durante una reunión que se desarrollaba en la entidad financiera, situada en el cantón Suscal, la cual se encontraba en proceso de liquidación, tras el cometimiento de peculado en esa entidad. Por esta razón, los socios exigían la devolución de su dinero; sin embargo, las víctimas no eran los responsables.

La investigación determinó que las tres personas fueron llevadas en contra de su voluntad a la casa comunal de Kollauco, donde permanecieron secuestrados durante veinte días, hasta que fueron rescatadas por agentes de la Policía.

Entre las pruebas se presentaron: un video del rescate de las víctimas, la lista de socios de la cooperativa y un acta firmada por los sentenciados. Además, los testimonios de los afecatdos, de sus familiares y de agentes de la Policía que investigaron el caso.

Dato jurídico

Los ocho acusados fueron sentenciados con base en el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de secuestro con privación de libertad de cinco a siete años. Los jueces consideraron las agravantes 5 y 14 del artículo 47 del mismo cuerpo legal.

Información adicional

En octubre de 2019, Fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años de privación de libertad para Manuel Jesús P., exgerente de la cooperativa de ahorro y crédito, por peculado. Además, los jueces dispusieron el pago de 464.235 dólares como reparación integral a los perjudicados, considerando que durante el proceso penal se devolvió más de 600.000 dólares a los depositantes.