Rafael Dávila, prefecto de Loja y promotor de la única de tres enmiendas constitucionales que logró aprobar la Asamblea, explica que la definición del porcentaje que se destinará a las provincias por los kilómetros de red vial dependerá de lo que defina el Consejo Nacional de Competencias (CNC) y de las reformas que se hagan a la ley secundaria que, en este caso, es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), en el futuro.
Actualmente, la distribución de recursos asignados por el Gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados se realiza con siete criterios, según el artículo 272 de la Constitución: población, densidad, necesidades básicas insatisfechas, mejora en los niveles de vida, esfuerzo fiscal, esfuerzo administrativo y cumplimiento de metas.
Con la enmienda, presentada en la Asamblea por la legisladora de Loja Jeannine Cruz (CREO), el número de kilómetros existentes, planificados y proyectados de vías rurales serán el octavo criterio a tomarse en cuenta, solo para el caso de los gobiernos provinciales.
Según Dávila, este cambio contribuirá a una distribución más equitativa entre las provincias porque de los datos recopilados por él, teniendo Loja 5.615,56 kilómetros de red vial, la tercera más grande del país, recibe solamente $ 24,8 millones de asignación presupuestaria; mientras provincias como Guayas, que tienen 5.847,53 kilómetros de vialidad, recibe $ 120 millones de asignación presupuestaria y esto es inequitativo.
"Tenemos que buscar, puede ser una consultoría externa, que vaya y defina cuántos kilómetros rurales tiene cada provincia, aquí viene un problema gravísimo que se nos viene, hay que buscar hacer las cosas con justicia... sería bueno una metodología que diga, qué vías reconocemos como red vial provincial o rural... eso deberíamos ponerlo en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), podría también hacerlo el CNC, no es indispensable que esté en la Ley, en mi opinión quien debía hacer ese estudio es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas", añadió Dávila.
Pero Magali Orellana, prefecta de la provincia amazónica de Orellana, se muestra sorprendida por la enmienda y desconoce si sería beneficioso o no para las provincias amazónicas, pues no existen los estudios y la distribución correría el riesgo de volverse discrecional, pudiendo darle a provincias con mayor porcentaje de necesidades insatisfechas menos recursos, y "molesta" que siendo un tema tan sensible para las provincias se haya tratado de forma individual.
"Me preocupa, la situación de la Sierra y la Costa no es la misma que la de la Amazonía (...) nuestra realidad es diferente. En este momento, decir que va a ser beneficioso para nosotros es prematuro, no es lo mismo la asignación para vías asfaltadas como en la Sierra y la Costa, que la asignación para vías lastradas...", agregó Orellana.
Orellana y Dávila coincidieron en señalar que el tema nunca fue debatido por los prefectos en el Consejo de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), y Dávila agrega que para la provincias amazónicas "habría que hacer una simulación".
Según el informe para segundo debate de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea, a esta mesa acudieron varios directivos del Congope, entre ellos, Edwin Miño, director ejecutivo del Consorcio, el 62% de la red vial provincial está en lastre y el 13,3% con pavimento flexible.
Respecto al trámite del proyecto, el constitucionalista Ismael Quintana recordó que la enmienda ya cuenta con dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional (CC) y una vez publicada tendría que haber una demanda de inconstitucionalidad para que ese organismo vuelva a abordar el tema. (El Universo)
