La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social recibió a Freddy Carrión, Defensor del Pueblo; y a Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para que expongan sus sugerencias y observaciones a los proyectos de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés (LOPCI), Ley que Transparenta y Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Servidores Públicos; y Ley que Regula la Vinculación y Representación de Intereses y Relaciones Públicas.
El Defensor del Pueblo mencionó que estos proyectos pretenden trasparentar una actividad que ya se da en el país, pero que necesita ser regulada. Dijo que se plantea un mecanismo para evitar y sancionar prácticas corruptas. En tal sentido, recalcó que la regulación permitirá controlar a los lobistas para que no incurran en dichos procedimientos.
Comentó que es importante que esta regulación no vaya en contra del interés general, y asegure la transparencia en la toma de decisiones. Una ley no puede favorecer a un grupo particular y afectar el interés común, remarcó.
Destacó que el proyecto que Transparenta y Regula el Lobby tiene mucha similitud con la ley chilena, en ese caso, dijo, al ser realidades diferentes la normativa sería de difícil aplicación. En otro aspecto, puntualizó que se debe conocer cuál es el beneficio y la utilidad de la ley para saber si beneficia el interés común o a un solo grupo de lobistas.
Recomendó que estos tres proyectos sean integrados en uno y se defina lo que se considera tráfico de influencias de aquel trabajo legítimo y legal. El esfuerzo de la Comisión radicaría en equilibrar el interés general con el particular, expresó. Así mismo, sugirió incorporar lenguaje inclusivo con enfoque de género.
Marcelo Espinel, representante de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, centró su análisis en el proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés (LOPCI), en tal sentido, dijo que la norma permitirá transparentar la actividad de los actores estatales y no estatales, en torno a las decisiones públicas; y “emparejar la cancha” entre diversos actores para acceder a las autoridades y participar en los procesos de creación y adopción de políticas públicas.
A la vez, mencionó que será posible potenciar la transparencia, rendición de cuentas y control social, así como la prevención de la corrupción.
Durante su ponencia manifestó que la norma contempla la prohibición de efectuar gestiones de interés para las autoridades durante sus funciones, y dos años después de haberlas concluido, en materias directamente relacionadas a estas.
Además, establece que los servidores públicos, por un periodo de dos años contados a partir del término de sus funciones, no podrán prestar servicios gratuitos o remunerados, adquirir participación en entidades privadas o celebrar contratos públicos en áreas con relación directa a las funciones que desarrolló en el ejercicio público. (Asamblea Nacional)
