"A veces yo digo: Dios mío, estamos como pordioseros, pidiendo..., ayúdennos con un carro, ayúdennos con otra cosa, porque no tenemos ni siquiera un carro municipal donde yo me pueda movilizar, cómo lo compro", confiesa desesperada la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, ante la crisis económica que, asegura, atraviesa su municipio, que acumula una deuda de $ 52 millones, la cual se agravó cuando al inicio de la pandemia el Gobierno les recortó $ 400.000 de su presupuesto mensual.

Sosa califica la situación del cabildo como ‘catastrófica’. “De 1’200.000, ahora llegan $ 790.000, y por eso todos los problemas que tenemos, que los vengo arrastrando porque ni siquiera un municipio donde poder trabajar tenemos”.

A los trabajadores se les adeudan, afirma, los sueldos de noviembre y diciembre, porque el Gobierno aún no envía las asignaciones de esos meses. A esto se suma la mora patronal en la que ha caído la institución, que le debe al IESS $ 1,1 millón, según el listado dado por el Seguro Social en diciembre.

En esa nómina figuran los 200 deudores del IESS, entre entidades públicas y privadas, que suman una mora de $ 195,3 millones. La deuda de las doce dependencias públicas que constan en ese registro llega a $ 16,4 millones, una tercera parte corresponde a cinco municipios: Jujan, Montecristi, Manta, Balzar y Esmeraldas.

Sosa pide, también, que el Gobierno cuando reciba los $ 2.000 millones de crédito internacional priorice los recursos a los cabildos más necesitados.

El alcalde de Balzar, Álex Zambrano, también aspira a recibir una parte de ese crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los recortes para Balzar ascienden a $ 2 millones desde la pandemia. Pasaron de recibir $ 670.000 a $ 350.000. “Ojalá se puedan poner al día para cancelar las obligaciones con el IESS, con los proveedores y seguir trabajando”, dice. La deuda de Balzar con el IESS se ubica en $ 426.000.

El Municipio de Jujan (Guayas) es el que tiene la deuda más alta, $ 2,7 millones, incluidos $ 655.000 en intereses. “Lo que estoy debiendo es de mayo a septiembre. La otra deuda la heredé de la administración pasada (exalcalde Nicolás Ugalde), que les habían descontado a los empleados, pero no se había cancelado al Seguro del 2016 al 2019”, afirmó la alcaldesa Ángela Herrera, quien dice que asumió el cargo con una mora de $ 2,2 millones.

En su gestión, agrega, pagó cerca de $ 900.000 al IESS, pero de mayo a septiembre cayó en mora porque las asignaciones del Estado se redujeron en el 44 %, de $ 307.000 a $ 178.000. Apenas les alcanza, asegura, para los sueldos de los empleados y pagar el préstamo con el Banco de Desarrollo.

Herrera solicitó un “convenio de purga” con el IESS para que ya no se generen intereses de la deuda del 2016-2019.

El mismo convenio pidió en noviembre el Municipio de Manta, afirma su director financiero, Ángel Carvajal. “Estamos esperando que el IESS sesione en Quito para que puedan dar esa purga de mora”, cuenta Carvajal al detallar que desde mayo las asignaciones estatales se recortaron el 30 %, de $ 2 millones bajaron a $ 1,3 millones. Este cabildo adeuda $ 780.000 al Seguro.

“Se está adeudando del mes de marzo a julio, todo el mes del confinamiento. En el mes de mayo no recibimos asignaciones sino el 40 %, eso nos provocó caer en mora”, dice.

El alcalde de Montecristi, Washington Arteaga, no aceptó una entrevista. Su municipio debe $ 1,6 millones al IESS por mora patronal, situación que afecta a los trabajadores, a quienes se deben cinco meses de sueldo. “La familia nos ha apoyado, a veces haciendo préstamos, fiando, pero ya no esperan en las tiendas”, refiere Pedro Acosta, presidente de la Asociación de Empleados Administrativos del cabildo, que tiene 503 empleados.

Otro dirigente sindical, Eduardo Rivera, cuenta que el alcalde anterior les debió dos meses y la deuda con el IESS era como $ 600.000, pero ahora casi se ha triplicado. (I)

Entidades públicas registran deuda por $ 16,4 millones CON EL IESS; cuatro niegan mora

Además de los cinco municipios, otras siete instituciones públicas están en el listado de deudores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que mantienen una mora patronal que alcanza los $ 16,4 millones.

La Universidad de Guayaquil figura en primer lugar con una cuenta pendiente que llega a los $ 3,8 millones, pero su rector Roberto Passailague asegura que “estamos totalmente al día", al mostrar el certificado de obligaciones patronales del mismo IESS, con fecha 4 de enero, el cual menciona que esta entidad no registra mora, pero sí 1.322 glosas impugnadas por $ 2,2 millones, que sumados a los intereses llegan a los $ 3,8 millones que registra el IESS.

"Son glosas impugnadas, es decir, que todavía no es una deuda... Los servidores y exservidores siguen realizando reclamos por una reliquidación de aportes y fondos de reserva del 2000 al 2009, en administraciones anteriores", explica Jenny Villegas, directora de recursos humanos de la universidad, la cual fue intervenida desde el 16 de octubre de 2018 por irregularidades, como cobros indebidos que afectaron la gratuidad de la educación superior.

A fines de 2018 cancelaron al IESS, asegura Villegas, $ 3,9 millones, y en diciembre del 2019 pagaron $ 7,9 millones, la totalidad de la deuda que hasta ese entonces tenía la universidad con el IESS.

La empresa eléctrica Emelgur Regional, que ahora se llama Cnel Guayas-Los Ríos, registra en el sistema del IESS una mora de $ 682.000, mientras la aerolínea Tame figura con una obligación de $ 672.000; en ambos casos se incluye el capital adeudado más intereses.

No obstante, al igual que en el caso de la Universidad de Guayaquil, estas instituciones coinciden en que están al día con el Seguro Social.

Además, la entidad eléctrica explica que cuando se generan las planillas los pagos de las aportaciones se hacen mediante débito automático.

Roberto Córdova, liquidador y representante legal de Tame, refiere: "Estamos al día con sueldos, sin mora patronal”, y también presenta el certificado del IESS, del 5 de enero, el cual señala que no tiene mora, pero sí 304 glosas impugnadas que suman $ 1,2 millones.

Estos valores surgieron, explica Córdova, cuando la entidad hizo cambio del RUC en 2015: "Se generaron por el supuesto no pago de valores al IESS, pero (estos casos) están en el Contencioso Administrativo, están impugnadas, no existe ratificación".

La Dirección General de la Aviación Civil, que consta con una mora de $ 2 millones -incluido intereses-, también asegura estar al día con los aportes de sus empleados al IESS, Esta institución, señala, le notificó sobre esos rubros a fines de noviembre pasado y corresponden a ajustes de aportes y fondos de reserva del 2000 al 2004, que están impugnados y esperan que sean anulados.

La Universidad Técnica de Babahoyo, la empresa municipal de Movilidad y Obras Públicas de Quito y la Federación Deportiva Provincial de Orellana también forman parte de la lista del Seguro Social. (El Universo)