El 8 de enero próximo se realizará en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de apelación de la pena atenuada de un año de prisión que se ordenó por el delito de concusión contra la exlegisladora de Alianza PAIS (AP) María Alejandra Vicuña. La diligencia se instalará desde las 09:00 de forma física en el mezanine 1 de la CNJ y usando la plataforma tecnológica de la Función Judicial.

El recurso no solo fue presentado por no estar de acuerdo con la pena por la defensa de la exasambleísta y exvicepresidenta de la República, sino también por la fiscal general Diana Salazar, y la Procuraduría General del Estado, institución que fue la acusadora particular en esta causa.

El 30 de enero de 2020, un Tribunal de la CNJ en primera instancia definió que Vicuña "ejecutó actos que contrarían la ley que no están amparados por causal de justificación alguna" y que en este caso "se realizaron los actos idóneos y conducentes de modo inequívoco para exigir contribuciones indebidas por parte de la procesada en calidad de asambleísta".

Inicialmente, los jueces Marco Rodríguez, Daniella Camacho y Wilman Terán resolvieron declarar culpable a Vicuña, en calidad de autora, condenándola a cuatro años de cárcel, pero la pena bajó a un año de prisión debido a que se habían justificado circunstancias atenuantes como la ejemplar conducta de la exlegisladora con posterioridad a la infracción y conducta anterior de la procesada que revele claramente no tratarse de un individuo peligroso.

Para febrero pasado, Rodríguez, Camacho y Terán negaron de forma unánime el pedido hecho por Vicuña para que se le suspenda de forma condicional la pena de cárcel que recibió.

También por el delito de concusión, el 25 de diciembre pasado terminó el plazo de 90 días ordenado para la instrucción fiscal abierta en contra de la asambleísta Karina Arteaga. El juez de la CNJ David Jacho, a finales de septiembre pasado, le definió a la exlegisladora arresto domiciliario con vigilancia permanente y el uso de un dispositivo electrónico. Arteaga era parte de la alianza AP-Unidad Primero.

Según Fiscalía, Arteaga habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores en el Legislativo a través de terceros. Aparentemente existirían indicios de que ella, en 2018, dijo a su personal que podía conseguir un empleo, pero con un aporte de $ 40 de su remuneración mensual para AP y existirían depósitos hechos en la cuenta del esposo de la procesada por aproximadamente $ 31.000.

En enero próximo también culminan los 90 días de instrucción fiscal que se ordenaron por el delito de concusión contra la exasambleísta del Movimiento Municipalista Nivea Vélez. Contra ella, el 8 de octubre pasado, el juez Wilman Terán, de la CNJ, dispuso su presentación periódica una vez por semana en la Corte Provincial de Loja y la prohibición de salida del país. Adriana C. es otra de las procesadas en esta causa.

Ambas son procesadas por supuestamente haber participado en el acto ilícito de solicitar por más de un año parte del sueldo de un exasesor de la entonces legisladora. Los hechos que se investigan en esta causa habrían ocurrido entre 2009 y 2013, periodo en el que Vélez fue legisladora por la provincia de Loja. (El Universo)