Hoy arranca la campaña electoral con 16 candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, que disputarán el voto de 13'099.150 electores ecuatorianos, en medio de un atípico ambiente que estará matizado por regulaciones por la pandemia del COVID-19.

La campaña de 45 días culminará el 4 de febrero y participarán 533 listas de candidatos inscritos para las elecciones generales de febrero del 2021, de acuerdo con información del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Entre estos: 16 binomios presidenciales, 17 listas de asambleístas nacionales, 15 de parlamentarios andinos y 485 listas para asambleístas provinciales y del exterior.

El número definitivo de candidatos calificados aún no es oficial, porque hay recursos administrativos y jurisdiccionales pendientes de resolver, tanto en el CNE como en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Durante este tiempo de proselitismo no habrá mítines y los candidatos no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos. Incluso, la entrega de artículos promocionales está impedida para evitar el contacto físico y, con ello, un posible contagio de coronavirus.

En lo administrativo, el Código de la Democracia fijó nuevos mecanismos para controlar la doble contabilidad y el origen lícito de los recursos de las campañas y así evitar un caso similar al Sobornos 2012-2016.

Con las reformas a la norma, se estableció que la asignación del Estado, denominada Fondo de Promoción Electoral (FPE), que es exclusivamente para la propaganda en medios de comunicación, no puede superar el 15 % del máximo del gasto electoral para las diferentes dignidades. Excepto para los binomios presidenciales, en que no se debe exceder el 12 % para la primera vuelta.

Para los candidatos a asambleístas del exterior no debe superar el 45 %; y ahora las alianzas electorales recibirán como incentivo un 20 % adicional al monto asignado por cada organización participante.

Se incrementó el límite del gasto electoral, justamente para evitar la doble o múltiple contabilidad, y para el caso de los binomios presidenciales pasó de $ 0,15 centavos a $ 0,40 centavos; para parlamentarios andinos de $ 0,05 a $ 0,10; para asambleístas nacionales y provinciales de $ 0,15 a $ 0,30; y asambleístas del exterior de $ 0,30 a $ 0,60 centavos.

Para el consejero electoral Luis Verdesoto lo nuevo en estos comicios es que la información "no será pública, sino publicada”.

Ello porque cada organización política reportará cada quince días sobre los principales ingresos y egresos que realicen y el CNE deberá exponerlos en su página oficial de internet.

Este denominado Plan de Cuentas implica que “desde el día cero (31 de diciembre) deberán presentar un presupuesto, que es referencial no obligatorio, que permitirá establecer cómo se modifica en función de los ingresos y de las donaciones que reciban”, aclaró Verdesoto.

En el CNE funcionará una unidad especializada de control de financiamiento y gasto electoral de la Contraloría del Estado y la 'unidad antilavado' de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), quienes observarán la "circulación nacional e internacional del dinero, y se podrá investigar con la Superintendencia de Compañías a aquellos donantes que tienen respaldo en patrimonio, porque solo pueden donar hasta el 30 % de sus ingresos”, afirmó el consejero.

Adicionalmente, el Consejo definió un límite para realizar préstamos a las entidades bancarias, los que no deberán exceder el 20 % del límite máximo del gasto electoral.

El objetivo es, según Verdesoto, que las campañas no estén “atadas políticamente a los bancos”.

Otras regulaciones que se activarán son las logísticas, por el contexto de la pandemia.

El CNE emitió un protocolo para evitar contagios de COVID-19, cuyos principales ejes son la autorización para realizar caminatas y caravanas móviles.

Durante estos eventos deberán evitarse actos presenciales que fomenten las aglomeraciones. El contacto físico, como abrazos o besos entre los candidatos y simpatizantes, no está permitido.

Y para dar un "poco más de flexibilidad", en los próximos días el CNE prevé aprobar una resolución para las campañas de cierre, que permita, por ejemplo, más vehículos en las caravanas, explicó Verdesoto.

Pero en medio de estas regulaciones, una de las acciones que el Consejo Electoral no logra concretar es contar con el monitoreo de la propaganda electoral en los medios de comunicación, que por disposición legal ahora incluyen a los medios digitales.

El monitoreo debía hacerse desde la campaña anticipada. Desde hoy, por el inicio de la campaña, durante el silencio electoral y el día del sufragio, las 24 horas del día y a más de 520 medios de comunicación.

El organismo argumenta que no cuenta con el software y hardware para esta tarea y está intentando contratar el servicio.

Por dos ocasiones se avanzó en la adquisición, pero se declaró desierta, según consta en el portal de Servicio de Contratación Pública. Desde el 26 de diciembre se inició un nuevo proceso.

Fondo listo para uso de los candidatos

El Fondo de Promoción Electoral (FPE) que aprobó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la campaña de las elecciones generales del 2021 asciende a $ 15’984.646.

El monto total es de $ 20,3 millones y lo asigna el Estado exclusivamente para la promoción en medios de comunicación, incluidos portales de internet. Con ello, el Consejo habilitó sus sistemas informáticos para que los sujetos políticos puedan publicitar a los candidatos de las listas habilitadas al 28 de diciembre.

El FPE para los 16 binomios es de $ 5’180.221, a cada uno le corresponde $ 301.175; excepto para dos alianzas que acceden al incentivo y suman $ 421.645. Para asambleístas nacionales se destinaron $ 5’025.868; los parlamentarios andinos, $ 148.705; asambleístas provinciales, $ 4’872.202; y del exterior, $ 757.648.

Están habilitados como proveedores de la promoción 682 medios y vallas.

Gasto es de $ 5 millones para duplas

El límite del gasto electoral para los candidatos y organizaciones políticas que participarán en estas elecciones se duplicó para estos comicios nacionales, tras las reformas al Código de la Democracia.

Estos recursos corresponden a fondos privados que ingresen a las organizaciones políticas y sus candidatos para la promoción electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió que cada candidatura de los binomios presidenciales podrá gastar $ 5’239.660; para parlamentarios andinos, $ 130.991; y para asambleístas nacionales, $ 3’929.745.

El total para provinciales es de $ 12’688.911 y se fija por el número de electores de la jurisdicción; y, para los del exterior, es de $ 416.239, de acuerdo con la circunscripción territorial.

Actividad en redes será contabilizada

La campaña electoral en redes sociales será considerada gasto electoral que deberá ser reportado al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Una vez que haya finalizado la campaña (4 de febrero), el CNE solicitará al Ministerio de Telecomunicaciones información de las cinco redes sociales más usadas en el Ecuador, para luego pedirles un reporte detallado de las promociones electorales de candidatos o de organizaciones políticas, se señala en el Reglamento para la Fiscalización del Gasto Electoral aprobado días atrás.

El Consejo conminará a los proveedores de internet, medios digitales y las redes sociales a evitar que se aceleren búsquedas de temas específicos; o favorecer la campaña o sujetos políticos en los buscadores.

Actos se turnarán por COVID-19

Los municipios serán los responsables de realizar “sorteos” para definir fecha y hora para que cada organización política realice sus caminatas y caravanas durante los 45 días de campaña electoral para los comicios de febrero próximo.

Por ejemplo, deberán considerar permitir dos eventos diarios y, dependiendo del número de agrupaciones políticas, hasta cinco caravanas o caminatas.

Esto es parte del “Protocolo para la prevención de contagios de COVID-19” que emitió el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que ordena que en estos eventos se use mascarillas, alcohol en gel, y se mantenga distanciamiento social.

El CNE dividió en A, B y C a los cantones para, de acuerdo al número de habitantes, establecer los participantes y vehículos.

Así, en cantones de más de 100.000 electores (categoría A) pueden acompañar una caminata 200 personas, y en las caravanas se permitirán 50 vehículos. (El Universo)