A días de que la fiscal general Diana Salazar envió una consulta a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sobre sí como titular de la acción penal pública es procedente iniciar una investigación previa en contra de las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) por hechos que recaen en el ejercicio de sus funciones y en medio de un proceso electoral, el más alto organismo de justicia de Ecuador responde que únicamente los jueces pueden elevar consultas a la CNJ sobre dudas relativas a la inteligencia y aplicación de las leyes.

En una ayuda memoria de la presidencia de la CNJ sobre el tema, hecho público la mañana de este jueces, se concluye que según lo dispuesto en los artículos 126 y 129, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial no corresponde a la Corte Nacional atender consultas que no provengan de jueces.

Según un comunicado de la Fiscalía, la institución envió el 27 de noviembre último esta consulta a la CNJ una vez había recibido varias denuncias en contra de candidatos y miembros de los órganos de la Función Electoral.

La consulta se habría realizado debido a la falta de claridad en la aplicación de las normas contenidas en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, artículos 16, 17, 19 y 108. Además, se explica que la medida tiene la finalidad de "garantizar el derecho al debido proceso y a la independencia de los órganos de administración de justicia en relación a las demás funciones del Estado -y antes de desarrollar cualquier acción penal sobre las denuncias mencionadas-".

Respecto al tema, desde la presidencia de la Corte Nacional se explica que en caso de existir duda u obscuridad de una norma legal, la presidenta de la CNJ, Paulina Aguirre, elaborará un informe jurídico, que será puesto en consideración de la Sala especializada de la CNJ, de acuerdo a la materia motivo de la consulta, a través de su presidente para su conocimiento y aprobación.

"En caso de que la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, en coordinación con el Presidente de la Sala correspondiente, consideren que el asunto objeto de la consulta, por su complejidad y trascendencia, requiere de un pronunciamiento del Pleno de la Corte, elaborarán el correspondiente proyecto de resolución, para su conocimiento y aprobación, de conformidad con lo establecido en el Art. 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial", apunta el documento de ayuda memoria.

Sobre la consulta de la Fiscalía General se explica que si bien es una duda que no proviene de un órgano jurisdiccional, por la trascendencia del asunto, la presidenta Aguirre se encuentra trabajando conjuntamente con la Sala Penal de la CNJ en el criterio jurídico correspondiente, que en caso de requerir un pronunciamiento por parte del Pleno de la Corte Nacional, se lo hará mediante una resolución general y de obligatorio cumplimiento. (El Universo)