La fiscal general Diana Salazar envió, el 27 de noviembre último, una consulta a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sobre sí como titular de la acción penal pública es procedente iniciar una investigación previa en contra de las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) por hechos que recaen en el ejercicio de sus funciones y en medio de un proceso electoral.

De la novedad se dio a conocer la tarde de este martes mediante un comunicado institucional de la Fiscalía General del Estado. Según el documento, el pedido se hace una vez la institución ha recibido varias denuncias en contra de candidatos y miembros de los órganos de la Función Electoral.

La consulta se habría realizado debido a la falta de claridad en la aplicación de las normas contenidas en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, artículos 16, 17, 19 y 108. Además, se explica en el comunicado que la medida tiene la finalidad de "garantizar el derecho al debido proceso y a la independencia de los órganos de administración de justicia en relación a las demás funciones del Estado -y antes de desarrollar cualquier acción penal sobre las denuncias mencionadas-".

Entre las denuncias presentadas ante la Fiscalía está la planteada, el sábado último, por el activista político Fernando Balda, quien pedía como acto urgente que se llame a rendir versión al juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres, sobre una supuesta reunión de conspiración contra la candidatura de Álvaro Noboa y fraude procesal.

demás, la tarde del pasado lunes, Manuel Antonio Pérez presentó una denuncia en la Fiscalía por el delito de prevaricato contra los miembros del TCE por supuestamente "afectar con su resolución las reglas del juego electoral y debilitar la seguridad jurídica en el Ecuador".

La Fiscalía en su comunicado no habla de si ha recibido de la CNJ una respuesta a su consulta, pero si aclara que es una institución respetuosa del ordenamiento jurídico, de las competencias establecidas para las distintas funciones del Estado y actúa siempre en el marco de la Ley, precautelando los derechos y garantías de todos los ciudadanos.