El ingreso de madereros, supuestamente de nacionalidad peruana, para realizar tala ilegal en la zona intangible Tagaeri, Taromenane y en el Parque Nacional Yasuní, convocó la comparecencia de varias autoridades, de forma virtual, en la Comisión de Biodiversidad.

En su turno, cada funcionario indicó las acciones emprendidas, en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, la fiscal General, Diana Salazar, señaló que a penas el viernes, 11 de diciembre de 2020, le llegó la denuncia para iniciar procesos de investigación, por parte del Ministerio de Ambiente y de la Secretaría de Derechos Humanos.

“No solo se debe informar a la Asamblea Nacional y justificar su accionar ante una problemática”, dijo Diana Salazar. Al tiempo, pidió que las instituciones se comprometan a cumplir con sus obligaciones para poner fin a la tala ilegal en las zonas mencionadas.

La titular de la Fiscalía indicó que ante la denuncia presentada por la Fundación Alejandro Labaka y por el Fondo Ecuatoriano Populorum, se han mantenido reuniones con varias autoriddes. Respecto a las denuncias de ingreso ilegal de madereros peruanos a las zonas de aislamiento voluntario, se han realizado actuaciones preprocesales para recabar información, toma de versiones, seguimiento de los hechos y se aplicará la sanción respectiva, añadió.

Dijo que no basta con la acción aislada de la Fiscalía, es necesaria una acción conjunta de todas la instituciones del Estado para exigir que se respete nuestra frontera, para lo cual es imperativa la colaboración de las Fuerzas Armadas para que el delito flagrante entre en proceso penal. Precisó que la Fiscalía luchará contra este delito para que no quede en la impunidad.

Previamente, Luis Hinojosa, director Ejecutivo del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), denunció que hay personas invasoras que establecen campamentos temporales en nuestro territorio, se dedican a la extracción ilegal de las maderas más finas: cedro, caoba, chuncho, y se los llevan a través de los ríos hacia el Perú. Esta acción afecta igualmente a la fauna local y a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Dijo que es preocupante que las autoridades competentes, especialmente las encargadas de salvaguardar nuestras fronteras y el área protegida, no hayan puesto cartas en el asunto para impedir que se sigan produciendo estas incursiones ilegales. No se puede permitir la afectación a nuestra biodiversidad en zonas que deben gozar de la máxima protección ambiental y tienen el carácter de intangibles; además, preocupa que estos actores pongan en muy grave riesgo las vidas de personas y comunidades amazónicas, más concretamente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Hinojosa sugirió detener estas incursiones ilegales, que las autoridades de Gobierno destinen los recursos económicos, materiales y de talento humano para poner fin a esta situación de forma inmediata; la urgente intervención de la fuerza pública; que la Fiscalía realice las investigaciones del caso y oficie, inmediatamente, a los cuerpos de seguridad del Estado y a los ministerios involucrados; y se informe a la ciudadanía sobre las acciones que actualmente se están realizando en este aspecto.

Entre tanto, Jesús García, presidente de la Fundación Alejandro Labaka, exhortó la intervención de las autoridades para que actúen y tomen acciones para ptoreger las áreas protegidas de la Zona Intangible Tagaeri, Taromenane y del Parque Yasuní.

De su lado, Luis Gallegos Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores, señaló que desde febrero de 2019 hasta la actualidad, en reuniones bilaterales, se ha puesto en conocimiento de las autoridades peruanas las incursiones ilegales de madereros de este país. Dado que continúa este problema, en el primer trimestre de 2021 se insistirá sobre este particular en una nueva reunión bilateral.

Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, señaló que realizan monitoreos permanentes a la tala ilegal por parte de madereros peruanos. Dijo que el 11 de diciembre se realizó la denuncia ante la Fiscalía de Orellana, por etnocidio, invasión de áreas protegidas, delitos contra flora y fauna silvestre, marina o acuática y se solicita se sanciones con la máxima pena, además de la reparación integral a pueblos en aislamiento voluntario.

El ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, dio a conocer las acciones emprendidas para la protección de pueblos, nacionalidades y áreas protegidas. Señaló que existen 12 puntos de control. En este año se realizaron 1083 patrullajes terrestres, 449 patrullajes fluviales y 185 operativos. Se presume que las personas que realizan este ilícito portan armas por lo que el operativo debe realizarse con mucha reserva, enfatizó. Dijo que se ha interpuesto ante la Fiscalía dos denuncias: una en contra del ataque a los guardaparques y otro por la tala ilegal en el Parque Nacional Yasuní.

Los comisionados, luego de escuchar a todas las autoridades, señalaron que concuerdan con el pronunciamiento de la fiscal General de Estado, en el sentido de que no solo se debe informar para salir de paso en la Comisión, sino que deben trabajar coordinadamente para enfrentar la problemática y hacer respetar los derechos de pueblos en aislamiento voluntario, así como de la naturaleza.

Resolvieron convocar, por segunda ocasión, al Ministro de Defensa para que informe las acciones que se realizan y se ejecutarán para detener la tala ilegal por parte de madereros peruanos, tomando en cuenta que hasta que avancen los procesos de investigación el problema sigue latente. Además, cada institución deberá remitir a la mesa legislativa informes de las acciones realizadas para poner fin a esta situación. La Comisión hará un seguimiento permanente a esta problemática.

Contaminación petrolera

La Comisión, además, escuchó del ministro de Ambiente las acciones emprendidas para enfrentar la contaminación de los ríos Itaya y Napo, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, debido a la rotura de la tubería que transporta el crudo. Paulo Proaño señaló que se realizaron 14 inspecciones de control, supervisó los trabajos y monitorea procesos correctivos, de ser el caso. Una vez concluidos los procesos, Petroamazonas deberá presentar un informe que será verificado por el Ministerio de Ambiente.

El legislador Fredy Alarcón señaló que la subcomisión integrada por los asambleístas Alberto Zambrano y Edy Peñafiel constató que la contaminación es latente, por lo que solicitó al ministro Proaño, autorice la realización de nuevas pruebas de agua para verificar quesea apta para consumo humano. Paulo Proaño se comprometió a realizar un nuevo análisis, en esta semana, y poner en conocimiento de los resultados a la mesa legislativa. (Asamblea Nacional)