Las irregularidades en compras públicas durante la emergencia sanitaria derivada del COVID 19, dio paso a 34 informes con Indicio de Responsabilidad Penal (IRP), aprobados por la Contraloría General del Estado.

Según el organismo de control se aprobaron 34 informes con IRP por infracciones legales encontradas, en al menos 287 acciones de control ejecutadas en el marco de la emergencia sanitaria.

Entre las instituciones examinadas están: 96 del Ministerio de Salud Pública (MSP); 41 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); cinco a los institutos de Seguridad Social de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas; 123 gobiernos locales y empresas públicas; y, 22 del gobierno central.

Hasta el momento, la Contraloría ha aprobado 72 informes generales, en los quese observaron incumplimientos de la normativa, inconsistencias en contratos de ínfima cuantía, compra de trajes de bioseguridad sin registro sanitario, compras con sobreprecios y adjudicaciones direccionadas.

La provincia del Guayas es en donde se detectaron "más casos con este tipo de señalamientos, con 22 IRP, principalmente, por irregularidades en dependencias del MSP y del IESS", se informó.

Se mantienen en ejecución 181 exámenes especiales.

En otro ámbito, se informó que en la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas se incumplieron objetivos.

Entre las observaciones, hubo un incremento de 1.714 % en el presupuesto asignado, debido a los contratos adicionales que se firmaron.

Según el informe de la Contraloría aprobado en enero, el presupuesto para las reparaciones de la planta fue de $ 127’053.207, y subió a $ 2.304’967.343.

Ello porque el 71% de los contratos iniciales aumentaron en $836 millones, por acuerdos adicionales. (El Universo)