En el marco del tratamiento del proyecto de Ley para la Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público y Privado, que busca hacer efectivos los derechos relacionados a la libertad sindical y la contratación colectiva, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional recibió criterios del Ministerio de Trabajo y de varias organizaciones de los trabajadores.
Los trabajadores argumentan trabas en los trámites para el registro de los contratos y piden libertad en la contratación colectiva. Mientras que el Ejecutivo considera que se debe asegurar la asignación presupuestaria, para garantizar las contrataciones colectivas.
La subsecretaria de Políticas y Normas del Ministerio del Trabajo, Nathaly Pernett Vallejo, recomendó, en aras de no tener ningún tipo de vicio de nulidad en las contrataciones, una prelación en la certificación presupuestaria o dentro del presupuesto que se asigna a las entidades públicas para la contratación colectiva y de esta manera no evadir el paso de la certificación, que se establece en la ley.
El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales del Ecuador, Darwin Sabando, sostuvo que funcionarios de las Finanzas Públicas interpretan la Ley a su manera, razón por la cual tienen que contratar abogados y analistas, significando un egreso considerable a sus bolsillos, que no tienen cómo afrontar. Planteó crear una mesa de diálogo para encontrar una solución definitiva a sus problemas que afectan a los 120 Municipios que agrupa su organización.
De su lado, Luis Chérres, presidente de la Federación Nacional de Obreros de los Consejos y Gobiernos Provinciales del Ecuador, pidió se tutele el verdadero derecho de los trabajadores y el respeto a lo establecido en la norma Constitucional y los Convenios Internacionales para que se garantice la negociación de los contratos colectivos.
En tanto, José Vélez, secretario General del Sindicato de Obreros del GAD de El Empalme, tras mencionar que la problemática es a nivel de todo el país, explicó que pese a que los contratos colectivos solo los transcriben, tienen muchas trabas para suscribirlos. Planteó que el tema económico se maneje desde los Municipios, con la organización sindical, para que puedan tener viabilidad. “Cada que negociamos un contrato colectivo nos vemos limitados con los cuadros comparativos que el Ministerio de Finanzas nos rechaza”, afirmó.
Defensa profesional de los Contadores
En otro orden, los legisladores aprobaron, con siete votos, elaborar el informe del proyecto de Ley Orgánica para la Defensa Profesional de los Contadores, propuesto por los asambleístas Dennis Marín y Erika Poveda, que establece un régimen normativo actualizado para su ejercicio profesional, en torno al ámbito de su responsabilidad en materia tributaria y penal.
Con el afán de mejorar el texto y darle coherencia a la incorporación del término técnico en contabilidad, la asambleísta Arteaga propuso crear una disposición transitoria para no poner en situación de vulnerabilidad a quienes obtuvieron los títulos de bachiller en ciencias de comercio y administración, que desde hace muchos años prestan sus servicios y que actualmente están formando parte de las filas del área de la contabilidad.
Caso Sinohydro
Por último, José Ramón Sosa y Rosa Cox Márquez, en calidad de patrocinador y representante de los extrabajadores de Sinohydro, argumentaron las denuncias de vulneración de derechos laborales y sociales.
José Pumaquero afirmó que “son varios años que a alrededor de 7 mil extrabajadores no se les paga el 15% de las utilidades, argumentando que la hidroeléctrica no se ha terminado”. Explicó que han acudido a autoridades de Trabajo y a la Presidencia de la República para exponer sus casos, pero que no han sido atendidos, por lo que piden ayuda, pues deben mantener a sus familias. La Comisión procederá a iniciar el proceso de fiscalización y pondrán el tema a consideración de las autoridades correspondientes.
