La Asamblea Nacional conmemoró, este 3 de diciembre, el Día de la Discapacidad. En la sesión 686 del Pleno se habló de repensar en política pública y en reformas a la Ley para generar niveles de mayor inclusión social pero, sobre todo, para mejorar las condiciones de vida y garantizar los derechos humanos.

El Parlamento ha trabajado y trabaja en legislación para asegurar la prevención y rehabilitación de la discapacidad, a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. El primer vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, recordó que la Función Legislativa, con responsabilidad, siguió un proceso de investigación ante las denuncias de la emisión fraudulenta de carnés de discapacidad, a cargo de la Comisión del Derecho a la Salud, tema que será debatido en el Pleno.

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, subrayó la importancia de promover un amplio debate para proteger los derechos de las personas con discapacidad y no generar mayores niveles de discriminación o segregación cuando no se atienden las necesidades de quienes quieren incluirse.

Pidió viabilizar los mecanismos necesarios para obtener los respectivos carnés con una ley actualizada, garante de derechos humanos, así como, cambiar la política asistencialista por una de inclusión, con herramientas que permitan equiparar sus condiciones con el resto de ciudadanía.

Llamó a reconocerlos como sujetos de derecho, tal como lo establece la Constitución y tener presente que son un grupo de personas de atención prioritaria, con niveles aceptables de inclusión, considerando que Guayaquil y Quito son las ciudades donde viven más personas con discapacidad.

De su lado Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, habló de la necesidad de crear programas y proyectos a su favor e invitó a reflexionar sobre las acciones y derechos de las personas con discapacidad. “Queremos arrancar el compromiso de los 137 asambleístas para dar trámite a la reforma normativa sobre estos derechos”, puntualizó.

Sostuvo que Ecuador no tiene un proyecto integral para garantizar derechos y el acceso pleno de las personas con discapacidad a servicios; habló de crear políticas de Estado a favor de este grupo social, que permitan su inclusión en todos los espacios.

Víctor Hugo Hachi, presidente del Colectivo de Personas con Discapacidad de Pastaza, tras evidenciar la realidad que viven estas personas, demandó de la Asamblea trabaje en las reformas a Ley de Discapacidades para garantizar el respeto a sus derechos. “Existe una falta de compromiso de autoridades e instituciones en política gubernamental para que las personas con discapacidad demuestren que pueden dirigir instituciones públicas”, agregó, al advertir que aún subsisten barreras sociales, culturales y físicas.

En tanto, la asambleísta Elizabeth Cabezas recalcó en el trabajo del Grupo Parlamentario para vigilar el cumplimiento Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual, como coordinadora, participó en el proceso de fiscalización sobre los carnés de discapacidad que llevó adelante la Comisión de Salud.

Tras informar que se encuentran en proceso determinadas reformas en el Código de Organización Territorial, Cootad, dijo que es necesario entender que permanentemente se debe generar conciencia, solidaridad y las dificultades que tienen que vivir diariamente estas personas.

Sandra Esparza Jácome, especialista en accesibilidad, invitó a hacer un ejercicio de sensibilización para que se entiendan las necesidades de este grupo de atención prioritaria y que permita poner énfasis en la reforma a la Ley de Discapacidad. Pidió trabajar en la accesibilidad, pues no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino a toda la ciudadanía.

En 1992, el 3 de diciembre fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover sus derechos y bienestar en todos los ámbitos, así como concienciar acerca de su situación en todos los aspectos de su vida. (Asamblea Nacional)