Fiscalía procesó, por el delito de extorsión, a tres agentes policiales en servicio activo. Fueron detenidos por personal de Asuntos Internos de la Policía Nacional, tras haber sido descubiertos en flagrancia, recibiendo dinero de parte de una ciudadana a la que habrían exigido 1.700 dólares, a cambio de “arreglar” la situación jurídica de cuatro de sus familiares detenidos por microtráfico de drogas.

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, desarrollada la noche del martes 1 de diciembre en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, el fiscal Víctor León Tenorio presentó, como elementos de convicción: la denuncia de la perjudicada, en la que señala la acción realizada por los ahora procesados; el testimonio de los agentes aprehensores, el dinero encontrado en su poder, documentación, celulares y el vehículo en que se trasladaban.

La jueza Ruth Ronquillo acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra los policías Luis Henrry V. A., Wilmer Asdrúbal Z. Ch. y Jimmy Fernando C., girando las respectivas boletas de detención y disponiendo su traslado a la Penitenciaría del Litoral.

Contexto

Este lunes 30 de noviembre, agentes de inteligencia policial investigaron una denuncia de una ciudadana en la que manifestaba ser víctima de extorsión por parte de tres policías, que le habrían solicitado 10.000 dólares para no elaborar el parte policial de detención contra cuatro miembros de su familia, detenidos en un operativo policial contra el microtráfico de drogas.

Los uniformados ejecutaron un operativo de captura en los exteriores del Cuartel Modelo, en horas de la madrugada de este martes 1 de noviembre, en el que procedieron a detener a los procesados. En su poder se encontraron 1.700 dólares en efectivo, tres teléfonos celulares, las pistolas de dotación y el vehículo en que se movilizaban.

Los policías detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para la respectiva audiencia de flagrancia.

Fiscalía procesó a los tres policías con base en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de extorsión con pena privativa de libertad de tres a cinco años.